Los grupos que conforman el arco parlamentario canario no se ponen de acuerdo sobre la velocidad a la que debe abordarse la reforma del reglamento de la Cámara autonómica. Ni siquiera los grupos que sostienen al Gobierno -CC y PSC- tienen una posición común cerrada. Mientras los nacionalistas abogan por esperar a la tramitación de la ley de Transparencia nacional, los socialistas estiman que es posible iniciar el cambio en cuestión de días. En lo que sí coinciden los portavoces de todas las formaciones es en la necesidad de facilitar a los ciudadanos el control directo de la actividad del Parlamento.

El único grupo que hasta el momento ha cuantificado los sobresueldos que compensan los viajes a otras islas de sus parlamentarios es el Popular. De hecho, el hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó hace cerca de cuatro años a la magistrada que juzgó el caso Salmón que él recibía 600 euros mensuales provenientes de los fondos que el Parlamento destina a cada fuerza política con presencia en la Cámara regional.

Es la misma cantidad que en semanas pasadas otros diputados populares admitieron recibir cada mes, si bien algunos de sus compañeros perciben una retribución paralela a su sueldo de menor cuantía. El resto de grupos no habla de cantidades pero también compensa la actividad de sus integrantes.

Lo cierto es que cada uno de ellos reparte la asignación sin pasar ningún tipo de control público y los últimos sucesos en el ámbito nacional -caso Bárcenas y publicación de una contabilidad B del PP- les lleva a coincidir en la necesidad de hacer más visible a los ojos de los ciudadanos el destino del dinero que mana de los tributos e impuestos que satisfacen.

"Como no hagamos una reflexión autocrítica y provoquemos cambios sensibles, no ya en el Parlamento, sino en la función del papel de la política, como no mejoremos los procesos de transparencia y participación, sostengo que tenemos una crisis no solo económica, sino institucional, política y democrática", expresó el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez.

En esa misma línea se manifestaron sus homólogos en el Parlamento. La diferencia estriba en el tiempo que unos y otros conceden al inicio de esa reforma. "Llevará un proceso, pero, según mis noticias, los trabajos posiblemente empezarán en pocos días", afirmó el portavoz socialista, Manuel Fajardo.

Por su parte, José Miguel Barragán, portavoz de los nacionalistas, señaló que están valorando la posibilidad de que la ley nacional de Transparencia que se tramita ahora mismo en el Congreso de los Diputados sea "la caja" en la que se enmarque una reforma del Parlamento canario que incluya elementos que arrojen luz "sobre el funcionamiento de los grupos parlamentarios". Barragán incluso abogó por llevar esa mayor visibilidad al funcionamiento interno "de los partidos y sindicatos". En ese extremo retorna la coincidencia con los socialistas que, como expresó Fajardo, estiman que el patrimonio "que tienen los políticos al entrar y al salir de la vida pública debe ser igualmente público".

Otras fuentes nacionalistas explicaron que lo habitual para esta reforma de la Cámara es esperar al tercer año de legislatura para analizar lo que es mejorable. En ese caso, la reforma no llegaría hasta 2015. La presión social ante los escándalos de ámbito nacional puede convencerles, sin embargo, de la conveniencia de pisar el acelerador.

Australia Navarro, portavoz del PP en la Cámara autonómica, no dudó de que "siempre hay margen para la mejora, en el Parlamento, el resto de instituciones y en todos los órdenes de la vida". Sobre la premura para transparentar el destino de los fondos que el Parlamento entrega a los grupos no se pronunció, pero dejó claro que el PP será "el primero en asumir cualquier medida que se emprenda" en esa dirección.

Ninguno de los portavoces duda del buen uso que cualquiera de sus compañeros da al dinero extra que recibe. Mirando hacia la política nacional, Román Rodríguez abogó por "aislar y perseguir a los pocos corruptos que tanto daño hacen".