Las dos patronales de Canarias, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la CEOE-Tenerife, han propuesto al Ministerio de Hacienda que el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) incluya la concesión a las empresas isleñas de exenciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Las dos organizaciones empresariales más representativas de Canarias toman como modelo en su propuesta las ayudas de Estado que la Comisión Europea ha autorizado a Francia a conceder a sus departamentos de ultramar, como Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión, en forma de exenciones en la cotización social.

"Este tipo de ayuda al funcionamiento resultaría de especial interés para Canarias, dado que contribuiría a la creación de empleo en nuestra región, muy necesitada de políticas de estímulo, al compensar parte de los costes laborales totales, que son especialmente relevantes en una economía intensiva en el uso de mano de obra como la canaria", argumentan la CCE y la CEOE de Tenerife.

Las dos patronales exponen estos planteamientos en la propuesta que, de manera conjunta, entregaron al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, de cara a la reforma del REF y a las negociaciones abiertas con la Unión Europea para su renovación.

En el prólogo de ese documento, los empresarios hacen especial hincapié en la preocupación que les generan "determinadas corrientes de opinión dentro del ámbito político que señalan al REF como un privilegio para los canarios".

A su juicio, eso es "un contrasentido", porque Canarias ha tenido un régimen económico especial desde su incorporación a la corona de Castilla en el siglo XV y porque la finalidad del REF, subrayan, es impedir que los canarios "soporten el perjuicio permanente" que supone vivir un territorio fragmentado y alejado de la península.

"Dicha percepción de 'beneficio', o de 'privilegio', es la que subyace en determinadas valoraciones políticas que cuestionan la pertinencia de medidas tan básicas previstas en nuestro REF como las compensaciones al transporte de pasajeros, a la producción de energía eléctrica o a la desalinización de agua", añaden.

En su catálogo de propuestas, demandan que se corrija el "grado de conflictividad" -con las autoridades fiscales- e "inseguridad jurídica que ha padecido la Reserva de Inversiones Canaria" y que este instrumento se mejore incluyendo nuevas posibilidades, como la adquisición de establecimientos turísticos para su rehabilitación y posterior cesión a un tercero que lo explote.

También sugieren que se conceda "una bonificación generalizada sobre el IRPF a aquellas personas físicas que tributan en Canarias" y que se establezcan mejoras fiscales para las grandes empresas.

Su propuesta sugiere asimismo precisar algunas medidas ya existentes: en concreto, que las inversiones del Estado en Canarias no pueden ser inferiores al promedio de comunidades autónomas, pero añadiéndole el matiz "en términos per cápita".

También recomiendan que el REF no diga que se debe establecer un mecanismo que permita "moderar" el precio del agua potable en las islas (fundamentalmente procedente de desalinizadoras), sino que lo "equipare a los precios medios del agua en la península".