No sobra nadie. Los siete presidentes de los cabildos y el Gobierno autonómico cierran filas en torno a la defensa del papel de las corporaciones locales en la actual estructura administrativa del Archipiélago. Las dudas sobre la viabilidad de los cabildos y ayuntamientos como consecuencia de la crisis económica y la reforma de la Administración local impulsada por el Gobierno estatal fueron ayer despejadas en el debate organizado por Editorial Prensa Ibérica, con el patrocinio de Telefónica, y que tuvo como escenario el hotel Santa Catalina.
El centenario de la ley que propició el nacimiento de los cabildos ha coincidido en el tiempo con el debate abierto sobre la reducción de administraciones y cargos públicos. Sin embargo, los representantes institucionales canarios defendieron con firmeza la necesidad de mantener la actual estructura político-administrativa de la Comunidad Autónoma como reflejo de las singularidades del Archipiélago. Frente a las propuestas de eliminar ayuntamientos y recortar drásticamente el gasto que genera el aparato administrativo, el Gobierno y los cabildos defienden mantener las cosas como están pero, eso sí, dotando al manejo de las cuentas públicas de más racionalidad y austeridad y un reparto de competencias más claro para los ciudadanos.
El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, aseguró que es "posible y necesaria" la convivencia de los ayuntamientos y los cabildos con el Gobierno autonómico. El jefe del Ejecutivo recordó que hasta la creación de la Administración autonómica las corporaciones insulares "contribuyeron decisivamente al desarrollo social y económico de las Islas" y respaldó un nuevo proceso descentralizador que beneficie a los ayuntamientos, instituciones "imprescindibles" para Rivero.
El debate sobre si sobran o no ayuntamientos planeó en todas las intervenciones, aunque todos los participantes coincidieron en que la realidad territorial de Canarias no tiene nada que ver con la continental y que en el Archipiélago no sobra ningún consistorio.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, hizo una amplia comparativa sobre la configuración administrativa de los países del entorno como Alemania, Francia o Italia para demostrar que España y Canarias están incluso por debajo del número de administraciones locales que tienen estos países. En España hay 8.109 municipios, de los que el 50% son menores de 1.000 habitantes, situación que en Canarias sólo se da en Betancuria. El 95% de los ayuntamientos españoles tiene menos de 20.000 habitantes, mientras en Canarias con esta población hay 62 de los 88 ayuntamientos existentes en las siete islas. Según Melchior, la intención de eliminar o quitar competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes sería como suprimir el 95% de los ayuntamientos. En países como Alemania -12.300- o Francia - 36.000- hay más municipios que en España y la media de habitantes es también mayor.
El panorama es similar en el caso de las administraciones de segundo nivel. Melchior recordó los distritos (kreise) en Alemania, las provincias en Italia, los departamentos en Francia o las regiones en Dinamarca. La media en España es de 813.000 habitantes por cada Administración de segundo nivel, mientras que en Alemania es de 262.000 habitantes, lo que para Melchior supone que, al contrario de lo que se dice, en España no sobran ninguna administración en función de la media de población para cada ente público. Ante ello, el presidente tinerfeño criticó que el proyecto de ley para reformar la Administración local se haya lanzado con "frivolidad" y "sin el sosiego que requiere algo tan importante".
Frente a las críticas de Melchior a la reforma emprendida por el Estado, el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, centró sus críticas en el Gobierno canario ante el "estrangulamiento financiero" que sufren las corporaciones insulares y por las leyes sectoriales que aprueba la Comunidad Autónoma y que restan poder a los cabildos. En este sentido, Bravo de Laguna se refirió al proyecto de ley de Renovación y Modernización Turística, actualmente a debate en el Parlamento, que resta competencias territoriales a las entidades insulares y se las arroga el Ejecutivo regional.
Bravo de Laguna no despejó el temor sobre el futuro de los cabildos ya que, aunque la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local potencia sus funciones, las incertidumbres que genera un posible rescate de la economía española por Europa no despeja las dudas sobre la pervivencia de las corporaciones insulares.
Los presidentes de las islas no capitalinas destacaron el protagonismo jugado por personalidades de estas islas en el germen de la Ley de Cabildos de 1913, caso del palmero Pedro Pérez Díaz y del majorero Manuel Velázquez Cabrera. Cien años después, los cabildos del Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura forman parte ya de la idiosincrasia de estas islas.
El presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), el gomero Casimiro Curbelo, aseguró que "nadie discute hoy que en Canarias hacen falta tres administraciones" y advirtió que el ahorro no se consigue eliminando ayuntamientos o vaciando de competencias a las corporaciones locales "sino cuando somos capaces de ser austeros en las tareas públicas, racionalizar el trabajo institucional, asignar a cada Administración sus competencias y saber los recursos con los que se cuenta para ejercerlas".
El presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, defendió el histórico papel "reivindicativo" de las corporaciones insulares y la necesidad de mantenerlas como entidades "bisagra" entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. La palmera Guadalupe González Taño advirtió que "la solución de la reforma administrativa no pasa bajo ningún concepto porque los ciudadanos pierdan servicios en los puntos más alejados de las islas". El majorero Mario Cabrera resaltó que "cada isla habla a través de su cabildo", instituciones que "están enraizadas en nuestro ADN". El lanzaroteño Pedro San Ginés remarcó que "cuando se legisla desde tan lejos no se entiende bien el significado de los cabildos para Canarias", si bien consideró que se está a tiempo para corregir los errores.
