La agudización de la crisis presenta su cara más amarga. Cerca de 5.000 niños que acuden a los comedores escolares en Canarias necesitan la ayuda del Gobierno regional para disponer de una alimentación mínimamente equilibrada. El Ejecutivo calcula que al menos el 7% de los 70.426 comensales registrados en este servicio se han dado de baja en los últimos meses debido a que sus padres no pueden abonar las cuotas o bien siguen comiendo en estas instalaciones pero acumulan cuantías impagadas.

La viceconsejera de Educación, Manuela Armas, puntualiza que la cifra es dispar según los colegios, ya que en unos ha dejado de acudir un 2 o 3% de los alumnos, mientras que en otros el porcentaje se eleva al 8% y hay casos en los que se mantiene el número de beneficiarios. En estos momentos la administración autonómica subvenciona el menú de casi 37.000 niños.

A pesar de los datos, Armas elude hablar de "caridad", una palabra de la que rehúye la Consejería. "Esto es muy doloroso y no queremos que se entienda de ninguna manera como un trato de estas características", agregó la viceconsejera socialista, que insistió en que el comedor escolar "es un servicio complementario de la educación, tan necesario como tener una libreta para escribir". Se trata de una cobertura que se presta, al igual que el transporte de los niños que viven a más de dos kilómetros del centro. "No quiero dramatizar ni alarmar", reiteró, aunque admitió que el empeoramiento de la economía familiar ha repercutido en que los progenitores no puedan pagar el dinero de los comedores.

Estudio

En su opinión, tras el anuncio de Educación de que ningún niño quedará fuera del comedor por no poder costearlo, los padres "ahora se sienten más tranquilos, al saber que sus hijos pueden utilizar este servicio independientemente de la situación económica que estén viviendo". Según Armas, aunque se están agilizando los procedimientos, los directores, que son quienes conocen en profundidad las circunstancias de cada niño, "saben cómo tienen que actuar y, si es un caso crítico le dan de comer". Para ello, los centros recurren a sus remanentes, ONG o asociaciones vecinales que asumen el gasto.

Tras hacer un barrido por las 460 escuelas con comedores escolares y detectar sus problemas, la Consejería de Educación ultimará esta semana un estudio con el que adoptar decisiones. El Ejecutivo pronostica que en marzo inyectará liquidez a los colegios para aliviar esta realidad adversa. Con los datos en la mano se remodelará el funcionamiento de los comedores para el próximo curso escolar. En abril se modificarán los criterios de acceso a las plazas.

En contraposición, la integrante de la junta directiva de la confederación regional de asociaciones de madres y padres de alumnos Alicia Reyes alertó de que en este contexto socioeconómico los comedores "tienen que cumplir un fin social", porque el hecho de que "un niño tenga problemas de nutrición afecta a su rendimiento educativo". Reyes achaca en parte a la inasistencia de niños a este servicio a la subida de todos los tramos de las cuotas, que han aumentado una media de quince euros por comensal respecto al curso anterior, dependiendo de la gestión directa o indirecta del catering. Antes el menú diario oscilaba entre 2,15 o 2,60 euros, pero el presente curso, por "imperativo legal de la consejería, el precio mínimo asciende a tres euros diarios", aseveró la también presidenta de la Federación Insular de AMPA Galdós.

Por ello, este colectivo, integrados en la Plataforma de Comedores Escolares Anticrisis, exige que el Ejecutivo autonómico efectúe un "ingreso inmediato" a todos los centros que declaren tener alumnos que han abandonado el comedor al no poder sufragar la cuota mínima. En segundo lugar, plantea una reformulación "urgente" de la normativa de los comedores y que se revisen los ingresos familiares, con la aceptación de justificantes que avalen la coyuntura actual de las familias y "no sus ingresos de hace dos años, que es como se hace ahora a través de la última declaración de la renta", señaló Reyes.

Otra de sus demandas consiste en extender la "cuota cero", esto es, que se autorice a determinados núcleos familiares a no pagar ningún tipo de cuota si justifican que sus recursos económicos se sitúan por debajo de lo prefijado como umbral de la pobreza.

Para valorar estas medidas, intercambiar información y estudiar iniciativas de presión, las AMPA aspiran a convocar una reunión en los próximos días a la plataforma de directores de los colegios.