Las alegaciones presentadas por la patronal hotelera tinerfeña y por los empresarios turísticos de Las Palmas son un fiel reflejo de la disparidad de criterios a los que se enfrenta el Gobierno a la hora de regular el futuro crecimiento turístico de las Islas.

Ashotel se alinea claramente por el mantenimiento de una moratoria turística para Canarias. La patronal tinerfeña cree que hay una capacidad de alojamiento "ociosa" y permitir la entrada de nueva oferta de camas condena de forma irremediable a la desaparición de los establecimientos más antiguos. Asimismo, los empresarios de la provincia occidental consideran que el empleo que necesita Canarias surgirá en gran medida de los procesos de renovación de la planta alojativa existente.

Los empresarios turísticos de Gran Canaria tienen una visión totalmente contraria, provocada en buena medida por la diferencia de camas hoteleras entre una isla y otra -a favor de Tenerife- y los dispares ritmos de crecimiento como consecuencia de la moratoria vigente desde el años 2001. Para la patronal de Las Palmas, el Gobierno autonómico se posiciona en contra del normal desenvolvimiento del sector turístico y en detrimento de algunas islas, que por diversas circunstancias no han podido desarrollar totalmente su modelo turístico, como es el caso de Gran Canaria.

A la posición rotunda y categórica en contra de la moratoria permanente, los empresarios grancanarios también se oponen a que sólo se permitan hoteles de cinco estrellas y gran lujo y reclaman que se autoricen al menos hoteles de cuatro estrellas para recuperar las camas perdidas por la Isla en la última década.

Las dos patronales se han reunido en varias ocasiones con los grupos políticos parlamentarios y en las últimas semanas les han hecho llegar sus alegaciones a la ley para que sean tenidas en cuenta. La pelota, pues, está ahora en el tejado de los partidos con representación en el Parlamento autonómico.