El último año ha estado marcado en la gestión del Gobierno canario por la elaboración del presupuesto más difícil y austero de la historia autonómica, en boca del propio Ejecutivo; una subida histórica de los impuestos que entró en vigor a mediados de 2012 y la petición en dos ocasiones de dinero al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico para solventar los graves problemas de tesorería de las arcas regionales.
Los recortes y ajustes han sido la tónica dominante de los últimos doce meses, alcanzando prácticamente a todas las áreas del Gobierno regional. Los empleados públicos de la Comunidad Autónoma también sintieron en sus bolsillos la caída de ingresos con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012.Este año 3.300 empleados sufren un recorte del 20% de sus salarios y de la jornada laboral.
La dificultad de la situación obligó al Gobierno de Rivero a adoptar dos medidas inéditas. La primera fue un aumento generalizado de impuestos para mantener al menos la recaudación y evitar así una quiebra de los servicios públicos. Además de incrementar los tipos del IGIC y del resto de los tributos, se crearon varios gravámenes medioambientales.
Los problemas para el acceso a la financiación de los mercados y las necesidades de liquidez han provocado que la Comunidad Autónoma haya solicitado al Estado cerca de 1.200 millones de euros tras acogerse en dos ocasiones al Fondo de Liquidez Autonómico, mecanismo puesto en marcha por el Estado para el acceso a la financiación de las comunidades autónomas.
A finales de 2012 se solicitaron cerca de 800 millones de euros, parte de los cuales fueron destinados a pagar el vencimiento de préstamos que debían pagarse antes de acabar el año. Hace unas semanas se solicitaron 400 millones más.
Asimismo, la Comunidad Autónoma también se acogió al fondo especial creado para pagar las facturas pendientes ante la elevada morosidad de la sanidad canaria.
