El Gobierno de Canarias intenta in extremis salvar los 72 poblados isleños amenazados por la Ley de Costas, que actualmente está en trámite en el Senado. El consejero autonómico de Política Territorial, Domingo Berriel, se reunirá el próximo viernes con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para intentar introducir cambios en la reforma de la legislación que permitan que 1.902 de viviendas en el litoral del Archipiélago se libren de los derribos.

El Ejecutivo regional apura sus últimos cartuchos para procurar corregir la reforma de la ley elaborada en 1988. El PP aprobó en febrero su modificación en solitario en el Congreso de los Diputados sin aceptar enmiendas que contemplaran la singularidad de los enclaves costeros canarios. El documento se someterá a debate en una comisión en el Senado el 11 de abril, donde se estudiarán las enmiendas presentadas y se prevé que la Cámara alta apruebe la norma en su pleno del 23 de abril. Luego se remitirá otra vez al Congreso para su plácet final.

La reforma de la ley ya está prácticamente ultimada en su fase en el Senado y hay "poco margen" para su revisión. De ello es consciente Domingo Berriel, aunque aspira a que el departamento de Miguel Arias Cañete "sea sensible y se pueda corregir este agravio que tienen los ciudadanos que viven en el litoral canario".

Tras una reunión del presidente canario, Paulino Rivero, con la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Santa Cruz de Tenerife, el consejero confió ayer en que en su cita del viernes con miembros del Ministerio se logre recuperar algunas de las enmiendas que no han sido introducidas por ahora en su tramitación y que "favorezcan un mejor tratamiento" a las Islas.

Competencias

Al titular regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario le extraña la actitud del PP, que en la anterior legislatura fue "muy beligerante" con la Ley de 1988. "Siempre prometía que iba a cambiar todo esto y salvar los barrios costeros, pero ha hecho todo lo contrario", aseveró. De hecho, para el Gobierno autónomo la reforma "en muchos de los casos empeora la situación", de tal manera que incluso entiende que invade determinadas competencias de la Comunidad Autónoma, en relación a la zona de servidumbre de protección.

Precisamente, el Ejecutivo canario quiso regularizar en 2009 las casas costeras a través de una ley canaria, pero fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, al entender que la Administración regional se arrogaba competencias que no le corresponden.

Los senadores del PP sólo han logrado registrar enmiendas al proyecto de ley en las que se prevé el 'indulto' a los núcleos construidos con anterioridad a la entrada de la ley en vigor y que dispongan de carreteras, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico, entre otros requisitos. Aún así, esta fórmula dejaría fuera al 90% de los núcleos en el Archipiélago.

Por ello, Berriel reivindica ir más allá y detallar -a través de enmiendas transaccionales- un trato específico para Canarias aprovechando la oportunidad "histórica" del cambio en la ley.

En esta línea, quiso resaltar la importancia de los "típicos pueblos de pescadores" que, aunque invaden la zona de dominio público marítimo-terrestre, tienen "antigüedad y valor etnográfico suficiente" como para proteger su pervivencia. Estas edificaciones "nada tienen que ver con la ocupación ilegal del litoral", remarcó Berriel.

Además, la mayoría de las viviendas costeras están levantadas en zona de servidumbre de protección y quedan "fuera de ordenación por una interpretación estricta de las condiciones de suelos urbanos que hace el Estado", protestó Berriel, partidario de resolver este conflicto junto con el Estado.

En esa búsqueda de consenso, y el mismo día que el consejero capta aliados en Madrid, los grupos con representación en el Parlamento canario participarán en una mesa redonda en la capital tinerfeña. Convocados por la Plataforma de Afectados, el objetivo es acercar posturas y crear un "frente común".