No habrá amnistía para 59 de los 72 barrios costeros canarios que la reforma de la ley de Costas, actualmente en trámite en el Senado, condena al derribo. Las esperanzas puestas en un posible acuerdo entre los gobiernos central y canario a través de una enmienda conjunta del PP y CC en las Cortes para salvar estos núcleos se disolvieron ayer como un azucarillo tras la contundente respuesta del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al senador nacionalista por El Hierro, Narvay Quintero. El ministro considera que Canarias ya se beneficia sustancialmente de la mejora que se introducirá al proyecto de ley a través de una enmienda defendida por los senadores canarios del PP que reduce la zona de servidumbre de protección -pasa de 100 metros a 20- , y rechazó aceptar lo que considera "una reivindicación general de amnistía de situaciones irregulares", algo que no es asumible porque "no es el objetivo de esta reforma".

De esta forma, Arias Cañete parece haber dicho la última palabra sobre la posibilidad de incluir en el texto de la reforma las singularidades del litoral canario que se pedían desde e Gobierno autónomo. El ministro dejó claro que todas las mejoras que está dispuesto aceptar ya se las apuntó el PP con su enmienda para indultar los núcleos construidos con anterioridad a la ley de 1988 y que cuenten en la actualidad con tráfico rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico. Es decir, se salvarían de la piqueta 13 barrios de los 72 declarados ilegales.

Arias Cañete aseguró que "el Gobierno ha tenido muy presente las singularidades de los núcleos costeros de Canarias" y considera que el proyecto actualmente en trámite "establece ya de por sí requisitos más flexibles que los de la ley de Costas del 88 para resolver el problema de los núcleos urbanos no clasificados".

Por otro lado, Arias Cañete descarta también la reivindicación de incluir distintos barrios costeros entre las excepciones a la ley y niega, en este sentido, que la nueva norma vaya a suponer una discriminación para Canarias respecto de los doce núcleos de distintos puntos de la Península y Baleares que sí se benefician de esa excepción. Según Cañete se trata de "antiguos núcleos de vivienda que han sido plenamente urbanizados", y "terrenos que han perdido sus características naturales de espacio litoral susceptibles de protección ambiental". "Son doce núcleos en toda España, es decir, que ni en Canarias ni en la mayoría de las provincias se excluyen núcleos del dominio público", resaltó.

"Lo que usted plantea es algo muy distinto porque pide que se excluyan núcleos canarios sin concretar cuáles, ni aportar criterios técnicos que lo fundamenten", respondió el ministro al senador Quintero cuando éste reclamó que la norma tenga en cuenta el valor etnográfico y de interés turístico de estos núcleos en el litoral canario.

Arias Cañete instaba, así, al senador, y de paso al Gobierno de Canarias, a concretar los barrios que deberían ser excluidos del derribo a que aboca la ley. "No ha habido una sola petición de exclusión de algún núcleo canario concreto", reprochó el ministro.

El Gobierno de España, apunta el responsable de Medio Ambiente, ha afrontado este problema "aportando una solución razonable y realista a la justa reivindicación histórica de Canarias, que se había concretado en diversas iniciativas legislativas que se habían frustrado hasta ahora, tendentes a reducir la zona de servidumbre de protección para dichos núcleos". No obstante, el ministro confió en que durante el trámite de la norma "se puedan aportar mejorar significativas al texto normativo".

Narvay Quintero, por su parte, rechazó en su intervención en el Senado que la enmienda introducida por los senadores canarios del PP suponga una mejora real para los barrios costeros canarios porque la mayoría de ellos ya están excluidos de la reforma legal en marcha. "La jurisprudencia dice que aunque no estén en los planes de urbanismo, ya están consolidados como núcleos urbanos", aseguró. "La realidad canaria en cuanto al valor etnográfico bien merece incluirla en la lista en la que sí están otras partes de la Península, o en Formentera. Estamos a tiempo y tenemos una oportunidad histórica de no cometer otra vez los errores del 88", remarcó el nacionalista.