El Parlamento canario aprobó ayer por unanimidad la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales del año 2000 que solventa de forma definitiva la problemática surgida con el fuera de ordenación, que afecta a miles de vecinos de varios municipios canarios, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife, que fue donde surgió la polémica a raíz del debate generado por el Plan General de Ordenación.

Según explicó ayer el promotor de la modificación, Ignacio González, "la ley pone punto y final a los problemas que se habían generado por dos decretos del Estado en los planes generales de varias ciudades. La iniciativa permite que estén dentro del ordenamiento urbanístico todas las viviendas que hasta ahora han quedado fuera de ordenación por altura".

Ignacio González agradeció durante su intervención en el pleno del Parlamento la disposición de todos los grupos parlamentarios, que aprobaron por unanimidad el cambio legislativo. "Esta nueva normativa permite a los ayuntamientos aumentar la edificabilidad en un 20 %. En el caso de las viviendas construidas de forma legal que un ayuntamiento quiere mantener fuera de ordenación porque no quiere aumentar la edificabilidad, tendrán otro régimen jurídico y sus propietarios tendrán la posibilidad de hacer todo tipo de obras de mejora", añadió.

Empresas públicas

Por otro lado, los grupos que respaldan al Ejecutivo rechazaron ayer la solicitud del PP de fusionar las empresas públicas que dependen de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial, es decir, Gesplan, Gestur Tenerife, Gestur Las Palmas y Grafcan. El consejero Domingo Berriel recordó a los populares que los objetos sociales de estas sociedades mercantiles son distintos y que su labor es importante para el planeamiento urbanístico y la creación de empleo.

Por su parte, el diputado del PP Felipe Alfonso El Jaber criticó las pérdidas que acumulan las empresas y reprochó al Gobierno que se dedique a realizar expedientes de regulación de empleo, pero no aborde una solución definitiva para el gasto en el sector público.