La convocatoria de oposiciones en el sistema educativo del Archipiélago supone de facto la renuncia a sacar plazas en otras áreas de la administración de la Comunidad Autónoma. La normativa estatal limita la oferta pública de empleo a las tasas de reposición de cada área en un máximo de un 10%, es decir un mínima parte de las plazas vacantes por jubilación de los funcionarios. La fórmula adoptada por la Consejería de Educación para poder sacar 138 plazas para maestros e inspectores ha sido la de sumar las plazas a amortizar en el resto de las áreas. Así, a las 59 vacantes de personal docentes se añaden 35 de la administración general y 44 de personal estatutario del Servicio Canario de salud.

La fórmula utilizada por el Gobierno ha supuesto la inmediata crítica por parte de la oposición. La diputada del PP Mercedes Roldós apuntó ayer que si bien no pone en duda las necesidades de personal docente "el SCS no está para prestar sus cupos a nadie. Si hay un departamento deficitario de recursos humanos es precisamente el SCS, máxime cuando el presupuesto de este año establece que el número de plazas respecto al pasado son 3.800 menos profesionales sanitarios en general".

El director general de Personal de la Consejería de Educación, Carlos Quesada, confirmó ayer que la fórmula elegida por el Ejecutivo, de acumular los cupos de todas las áreas implica la no celebración de pruebas ni en Sanidad, ni en Justicia, ni en la Administración general, que junto con Educación son las que han tenido jubilaciones los cuatro últimos ejercicios en los que las oposiciones han estado suspendidas por la ley estatal de contención del gasto público.

Quesada insistió ayer, tras una reunión con sindicatos para negociar la gestión de las listas de interinos, que "de otra manera se perderían. Canarias lleva cuatro años sin oposiciones y en esta ocasión había que aprovechar el momento".

Respecto a los criterios de baremación, los sindicatos reclamaron ayer un cambio respecto a la legislación actual -que suma al 50% la nota de la oposición y la experiencia docente- y que está recurrida en los tribunales desde 2010. La Consejería está ahora dispuesta a abrir la mano para que en la nota final se tengan también en cuenta la formación realizada por el profesional.