España y Canarias soñaron un día con una Administración pública moderna, democrática, abierta, transparente y eficaz, capaz de gestionar con rigor y sin despilfarro los servicios que prestan a los ciudadanos y sin la burocracia que duerme hasta el infinito los trámites que necesitan resolver en sus oficinas y mostradores. Este era un sueño de la Transición que según los expertos y los profesionales de las función pública se ha ido desvaneciendo con los años y que no ven que se esté abordando en la actualidad con un proyecto de reforma que sólo busca el recorte de servicios y de personal, cuando no su privatización. En el origen de este mal endémico de lo público en España se encuentra la politización de los responsables de su control, la designación a dedo de sus gestores internos, y la creación de todo un ejército de comisarios políticos que imposibilitan la independencia necesaria para evitar irregularidades y corruptelas.
Esta es la visión generalizada de buena parte de los profesionales y expertos en el funcionamiento de la Administración pública española que en el caso de Canarias se ve reforzada por el caciquismo de nuevo cuño surgido en los poderes insulares, y en su maridaje con los poderes económicos de cada uno de los territorios. Es una visión que, en el ámbito estatal, el escritor Antonio Muñoz Molina, que en su día trabajó como funcionario en el ayuntamiento de Granada, ha plasmado en su último libro, titulado Todo lo que era sólido y que es un alegato radical sobre las causas de la actual crisis de lo público, de la situación en la que se encuentra el país y en el que llama a la ciudadanía "a una serena rebelión cívica para rescatar los territorios de soberanía usurpados por la clase política".
"Lo que sin que nadie lo advirtiera o lo denunciara empezó a suceder hacia mediados de los ochenta es que al mismo tiempo que las instituciones públicas empezaban a disponer de mucho dinero desaparecían los controles efectivos de la legalidad de las decisiones políticas", señala el escritor jienense autor de obras como El invierno en Lisboa, El jinete polaco o Sefarad. Añade que, entre todos los errores de la Transición, "uno de los más graves no lo ha mencionado casi nadie: la incapacidad de crear una administración pública profesional, solvente, atractiva como oportunidad de trabajo y progreso personal, austera, ajena a la política y a los vaivenes electorales". Son muchos los que coinciden con esta reflexión y los que ven en este problema la raíz y el origen de la actual crisis, aprobándose muchos planes de urbanismo sin rigor y contra el criterio de los técnicos independientes, lo que condujo a la creación de la burbuja inmobiliaria en tantos municipios y cuyo posterior pinchazo ha llevado a la ruina a la mayor parte de las administraciones.
En Canarias, esta situación recorre la espina dorsal del entramado institucional, según denuncia los responsables de las áreas de Función Pública de los sindicatos canarios. "Desde el momento que se perpetúan en la administración criterios políticos frente a lo que realmente debería ser, que es la capacidad y los méritos de un empleado público para desempeñar determinados puestos, hay una deriva que fomenta el clientelismo político en las administraciones y la corrupción", afirma Javier Godoy, de CC OO. "Los verdaderos gestores tenían que ser los profesionales y no los enchufados por el partido político de turno", añade Francisco Bautista, de UGT.
Godoy considera que hay muchos niveles de la gestión pública que están en manos de políticos o asesores que deberían ser responsabilidad de los profesionales y técnicos de la Administración. En la Comunidad Autónoma, por ejemplo, cree que el corte político debería producirse al nivel del viceconsejero, y que de ahí para abajo los cargos y puestos deberían estar desempeñados por los técnicos de esa consejería. "Si a un director general que no tiene ni idea de cómo funciona la administración pública lo pones al frente de un organismo, en lugar de agilizar y modernizar la gestión, lo que hace es entorpecer, obligado al nombramiento de asesores que son los que le van a decir cómo tiene que gestionar. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la administración canaria", asegura el representante de CC OO.
Su compañero de UGT añade que "sobran los grandes entes que se han creado por los partidos políticos para enchufar a sus cargos y para mantener sus estructuras de poder, no sobran empleados públicos porque la sociedad necesita respuestas rápidas en la prestación de los servicios públicos y la gestión de sus asuntos ante las administraciones".
Los sindicalistas canarios también sitúan en los años ochenta, cuando empezó a entrar dinero en las administraciones locales sobre todo por el boom inmobiliario, el origen de esta situación: "Es en esa época, cuando no había problema deficitario y todos estaban en superávit, cuando se relajó el control y el seguimiento y de la efectividad de la gestión", afirma Javier Godoy, quien matiza sin embargo que "hay algunos ayuntamientos que a pesar de eso, cuando han tenido el boom de ingresos han sabido planificar su estrategia y su responsabilidad y cuando han venido las vacas flacas se mantienen en positivo y no ha habido destrucción de empleo". Pone como ejemplo el caso de Santa Lucia de Tirajana, "que tiene equilibrio presupuestario y no tiene déficit".
