La reacción del Gobierno canario a la aprobación definitiva de la Ley de Costas no se ha hecho esperar. El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, anunció ayer que la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la norma invade las competencias territoriales de las comunidades autónomas, vulnera el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo en su aplicación.

Con este nuevo recurso, son ya unas 15 las demandas que tiene el Tribunal Constitucional presentadas por la Comunidad Autónoma de Canarias por los presupuestos o por vulnerar competencias autonómicas.

El consejero afirmó en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento de Canarias que confía en que el Tribunal Constitucional mantenga su criterio anterior sobre las competencias territoriales de las comunidades autónomas "y nos de la razón para anular esta ley absolutamente nefasta". El recurso que prepara el Gobierno canario para presentar "cuanto antes y con urgencia" estará basado en que, en su opinión, la ley no trata a todos los núcleos costeros por igual "y no puede ser que haya una dispensa" para ciertas poblaciones del litoral en la Península "y no se contemple lo mismo para toda la costa del Estado".

Tampoco se tienen en cuenta las singularidades canarias que, como islas, sí reconoce la Constitución y que "evidentemente" debe reconocerse que su litoral debe tener un tratamiento especial, añadió el consejero.

De los 72 núcleos costeros afectados por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, 13 de ellos ya existían antes de la entrada en vigor de la anterior Ley de Costas, que data de 1988 y que, según preveía, tenían el riesgo de derribarse en 2018. Barrios como El Puertillo, San Andrés, San Felipe, Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey podrán permanecer, mientras que los otros 59 núcleos corren más peligro porque se construyeron después de 1988 o disponen de sentencia judicial de demolición, caso de núcleos como Ojos de Garza o Tufia.