Ni un paso atrás. El Gobierno de Canarias no variará ni un ápice su hoja de ruta para expropiar temporalmente pisos embargados por la banca. Al Ejecutivo regional no le asustan los reparos de la Comisión Europea a su plan, que sigue los pasos de Andalucía como alternativa para solucionar el aumento de los desahucios en estas comunidades.
Bruselas advierte de que estas medidas unilaterales pueden chocar con los compromisos adquiridos por España a cambio del rescate bancario, acuerdos incluidos en un memorando de entendimiento (MoU por sus siglas en inglés). En esta línea, la Comisión (CE) ha enviado una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, para solicitar información sobre el decreto andaluz y las pretensiones isleñas.
El Ejecutivo canario se muestra tranquilo y promete aportar todos los detalles una vez que concluya su informe al respecto, así como exista una "petición o comunicación formal y oficial" de la UE, según fuentes de la Consejería de Vivienda y Políticas Sociales.
El Consejo de Gobierno autónomo aprobó el 2 de mayo el inicio de la tramitación para modificar la Ley de Vivienda. El Ejecutivo dio luz verde a la elaboración de un informe normativo con el fin de actualizar la regulación legal de la vivienda, de tal forma que "se atienda su función social". El objetivo es auxiliar a las personas necesitadas de una casa y a aquellas en situación de exclusión social.
A los servicios jurídicos del Gobierno canario les parece "consistente" el decreto aprobado por Andalucía para expropiar pisos a los bancos, fijar medidas sancionadoras y crear un registro de viviendas deshabitadas, por lo que lo trasladarán a una modificación legislativa. El presidente autonómico, Paulino Rivero, admitió ayer que Bruselas "suele pedir información cuando tiene dudas sobre algún aspecto, pero eso no quiere decir que se vayan a poner objeciones". "Y espero que no las haya ante un objetivo tan social como el que se persigue con la expropiación de la ocupación por tres años de las viviendas que hayan sido desahuciadas y que se las hayan quedado las entidades financieras", declaró a la Ser.
Vacías
Éste es uno de los dos "grandes objetivos" que esbozó Rivero, que añadió articular iniciativas para poner en el mercado del alquiler las alrededor de 100.000 viviendas vacías que están en manos de promotores y agentes inmobiliarios.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca entiende que Bruselas "se angustie", pero defiende que se están buscando opciones para resolver "una crisis social". "No se pueden anteponer los intereses de la banca a las familias porque si no seguimos en la misma tónica", expresó Carmen Omaña, miembro de este colectivo, que cuestionó "hasta cuándo se va seguir rescatando a los bancos, mientras las familias se están quedando en la calle".
Para el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, "no hay por qué desatar ninguna alerta roja" tras la petición de documentación de la CE, pero reprocha la "agilidad para invocar el memorando de la Troika, que contrasta con la falta de preocupación del presidente, José Manuel Durão Barroso, en la lucha contra la exclusión". Según López Aguilar, la orientación "conservadora" de la CE explica su "complicidad con el Gobierno de Mariano Rajoy que hostiga" a las regiones que intentan ofrecer una respuesta a las familias que no pueden pagar sus hipotecas". Criticó que la UE haya pagado 40.000 millones a la banca española, pero para los próximos siete años sólo dedique 3.000 millones a combatir el paro juvenil en Europa.
