El Gobierno canario rechaza que los militares vigilen los montes en verano

El Gobierno de Canarias rechaza recurrir a militares para prevenir los incendios forestales este verano. El Ministerio de Defensa ha ofrecido al Ejecutivo el mismo convenio de colaboración que suscribe con Galicia, con el fin de vigilar los montes, pero la Administración regional descarta su oferta.

En julio y agosto de 2012 las llamas calcinaron más de 10.650 hectáreas de vegetación en Tenerife, La Palma y La Gomera y obligaron a evacuar a miles de personas, aparte del suceso ocurrido en junio en San Mateo (Gran Canaria), que arrasó 40 hectáreas. La sospecha de que fueron provocados planeó sobre la mayoría de los siniestros. Las elevadas temperaturas, la baja humedad relativa y los vientos fuertes resultaron determinantes en la propagación del fuego.

Para evitar que esta catástrofe natural se repita el Ministerio dirigido por Pedro Morenés ofrece por primera vez al Gobierno canario un acuerdo, análogo al que se firma desde 1999 con Galicia y que se amplió a partir de 2007. Mandos militares de las Islas se lo presentaron directamente al presidente, Paulino Rivero, en una reunión y, posteriormente, hubo otra con el director general de Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Santana. El acuerdo persigue velar e identificar a los posibles causantes de fuegos en los bosques y que la presencia militar les disuada.

Despliegue

El texto suscrito con la Xunta de Galicia implica la intervención de las Fuerzas Armadas como prevención. El Gobierno central se compromete a desplegar patrullas terrestres, compuestas por tres militares en vehículo y helicópteros de vigilancia, en función de los niveles de riesgo medio o alto y muy alto.

El primero de los escenarios coincide con una situación de normalidad y conlleva el despliegue de 23 patrullas. Mientras que en el alto intervienen 50 vehículos y un helicóptero; y en el riesgo muy alto participan 75 patrullas y dos helicópteros de vigilancia. Este operativo se activa cuando se produce una situación generalizada de incendios de nivel de gravedad potencial 2 en alguna provincia gallega y su activación debe ser solicitada al Ministerio de Defensa por la Xunta.

A cambio, esta comunidad tiene que desembolsar 549.913 euros por el nivel de peligro medio. A ello habría que sumar 16.545 euros por despliegue y 8.272 euros por cada día de mantenimiento de los militares en caso de riesgo alto; o bien 32.517 euros por la labor de las tropas y 16.259 euros diarios si existe un riesgo muy alto de incendios.

El Gobierno de Canarias no está dispuesto a asumir este coste extra que rondaría, en principio, los 600.000 euros y desestima la ayuda de Pedro Morenés. El convenio planteado constituye "un gasto adicional al que destinan todas las instituciones, incluido el Estado, para el mismo fin", justificaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Consejería de Seguridad alega que, a mediados del pasado agosto, y tras la proliferación de incendios en las islas occidentales, impulsó un plan de vigilancia que, dado su "éxito", se repetirá este año. Debido a las condiciones meteorológicas y a los indicios de que los incendios fueron provocados, la Administración organizó cuadrillas de Guardia Civil, Policía Local, Policía Canaria y Protección Civil.

La intención de la Dirección General de Seguridad y Emergencias es aplicar de nuevo este sistema a partir de junio, sobre todo en períodos de olas de calor, al tratarse, además, de "una medida disuasoria y de alerta temprana", informaron fuentes de este departamento.

Esta labor preventiva de vigilancia no existía hasta el año pasado. Para la próxima campaña estival aún no están atados los efectivos ni el importe que el Ejecutivo regional y los cabildos dirigirán a la lucha contra el fuego. Con carácter ordinario, el Cabildo tinerfeño destina un helicóptero y la brigada forestal (Brifor), el Cabildo grancanario cuenta con dos helicópteros y el Gobierno canario dispone de cinco todo el año. Por su parte, el Estado aporta siempre un helicóptero Kamov localizado en Los Rodeos y la brigada de La Palma.

En casos extraordinarios, de nivel 2 y que las brigadas insulares no pueden atajar, se solicita al Estado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, con base en Tenerife y Gran Canaria. En el verano de 2012 efectivos de la UME actuaron en La Palma y La Gomera.