CajaSiete es la única entidad bancaria que acepta el plan de los 88 ayuntamientos canarios para frenar los desahucios. El año pasado 4.100 familias de las Islas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y 9.400 expedientes están aún pendientes de resolución, según los datos que maneja el Gobierno regional. Para plantar cara a este problema social la Federación Canaria de Municipios (Fecam) inició en enero una ronda de negociaciones con las entidades financieras, con el fin de reclamar su compromiso de agotar todas las vías de diálogo antes de desalojar.

De las ocho entidades que accedieron a escuchar a los consistorios, sólo CajaSiete dio ayer el paso al frente de firmar el convenio de colaboración. Otros cuatro bancos ni siquiera quisieron sentarse con la Fecam. Aún así los alcaldes se muestran firmes en su lucha y mantienen viva su promesa de retirar los depósitos de los ayuntamientos de los bancos que dejen en la calle a sus vecinos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el pionero, al retirar 1,5 millones de euros de Bankia en noviembre por incumplir el Protocolo Antidesahucios.

"Si hay bancos que desahucian sin la intermediación de los ayuntamientos y no tienen un mínimo de piedad hacia las personas que sufren, entonces hay que responderles de la misma manera", aseguró ayer el vicepresidente de la Fecam y alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez, tras suscribir el convenio con CajaSiete. El pacto, de un año de duración y prorrogable hasta un máximo de tres, implica activar todos los mecanismos para evitar un desahucio. En este proceso se tiene que contar con la intermediación de los consistorios.

Los alcaldes se convierten, así, en "activistas institucionales" contra los lanzamientos, expuso el también responsable de Vivienda de la Federación. Según Rodríguez, el resto de entidades de crédito con las que se reunieron "parecían dispuestas a la colaboración y el diálogo, pero pasar de la palabra a rubricar un documento no les gusta".

Por el contrario CajaSiete tuvo claro "desde el primer minuto que hay que colaborar con este problema social tan importante", según su director de Relaciones Institucionales, José Manuel Garrido. Esta cooperativa de crédito, con 85 oficinas en las Islas, presume de que "nunca" ha echado "a nadie de su vivienda por la fuerza".

Garrido defendió que los ayuntamientos son los que "mejor conocen a sus vecinos y pueden filtrar los casos". "Contar con un informe de los Servicios Sociales da mayores garantías a la entidad", apostilló Garrido, que espera que su firma sirva de "punta de lanza" para que otras se adhieran al convenio.

También el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, confía en el efecto contagio. De ahí que resaltó la iniciativa de la Fecam para "buscar medidas prácticas" porque, en su opinión, "de poco sirven los discursos al ciudadano que está ahogado por la crisis". "Todavía la banca, en general, vive lejos de los problemas sociales", agregó el regidor de Agüimes, Antonio Morales.

Dentro de su estrategia, la Fecam organizará a fines de mayo unas jornadas dirigidas a los empleados municipales, en las que participarán representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el ámbito regional y nacional, jueces y representantes de la Junta de Andalucía y del Ejecutivo canario.