Tras seis horas de intenso debate, el Parlamento de Canarias dio ayer luz verde a la Ley de Renovación y Modernización Turística de las Islas que, entre otros puntos, veta la construcción de hoteles de cuatro estrellas. La Cámara desoye, así, el clamor de la patronal de Gran Canaria y de los partidos de esta isla, que el lunes aprobaron en el Cabildo -con la abstención del PSOE- una moción contra la decisión de imponer la rehabilitación como única vía para estos establecimientos, demandados cada vez más por los visitantes.

Minutos después del acto institucional de conmemoración de los 30 años de autonomía, el Arrorró del himno del Archipiélago, que simboliza la unidad de todas las Islas, dio paso a un nuevo pleito en el hemiciclo. Esta vez con la nueva ley de moratoria turística como protagonista, pues la que está en vigor expira a finales de esta semana. El nuevo texto adolece de consenso entre las fuerzas políticas sobre el futuro del sector y deja patente una fractura en Coalición Canaria.

La única diputada regional de CC por Gran Canaria, María del Mar Julios, dio ayer un paso al frente y rompió por primera vez la disciplina de su partido, al votar en contra de la prohibición de construir hoteles de cuatro estrellas, el artículo cuatro del texto. Su plante no sirvió, de facto, de nada, ya que CC y PSOE aprobaron el texto -con el rechazo en general del PP y del Grupo Mixto (NC-PIL)-, pero es un toque de atención.

Los diputados socialistas grancanarios sí acataron finalmente la orden impuesta por la cúpula regional de esta formación. Julios tenía el mandato del Comité Permanente Insular para reclamar un cambio en el contenido del texto. Aunque se intentó un acuerdo in extremis, no fue posible.

La ruptura del voto en el grupo parlamentario de Coalición Canaria en la votación de una ley no tiene precedentes en los 20 años que lleva en el Gobierno. Sólo en la legislatura 2003-2007 se produjo fuga de votos entre los nacionalistas fruto de la división interna de Gran Canaria, que terminó con la salida del grupo liderado por Román Rodríguez y que después se convirtió en Nueva Canarias. En aquel momento los parlamentarios Pedro Quevedo y Francisca Domínguez protagonizaron algunas votaciones contrarias a la disciplina del grupo cuando ya tenían un pie y medio fuera de CC.

En esta ocasión es la organización nacionalista en peso de Gran Canaria la que se ha posicionado en contra de una de las principales leyes de esta legislatura y prioridad absoluta del presidente, Paulino Rivero, desde que alcanzó la Presidencia del Ejecutivo. Quizá un poco tarde, CC de Gran Canaria ha salido de su atonía habitual y ha puesto en evidencia los apoyos de Rivero en la organización que preside.

Los nacionalistas grancanarios fueron el principal apoyo de Rivero en el congreso del pasado año y ahora la que fuera su vicepresidenta se desmarca junto al exconsejero de Sanidad, Fernando Bañolas. El jefe del Ejecutivo suma ya revueltas internas en Tenerife, La Palma, media Lanzarote y Gran Canaria, lo que da idea de que los dos años de legislatura que restan no van a ser nada fáciles en su formación para el líder nacionalista, que cada vez lo tiene más difícil para repetir candidatura en 2015.

El secretario de Organización de CC, José Miguel Barragán, eludió ayer hablar de "cisma" en el partido y avanzó que "por ahora" no se baraja abrir un expediente disciplinario a Julios por su plante. Con todo, el régimen interno de CC contempla la posibilidad de multas. "Actuaremos en función del reglamento, pero los expedientes disciplinarios no se abren para boberías", alegó la mano derecha de Rivero. Alegó que en Gran Canaria hay 138.000 camas turísticas, de las que más de 60.000 son extrahoteleras de una, dos y tres llaves por decisión de los empresarios en los últimos 20 años y "ahora protestan". Mientras Tenerife tiene 119.000 camas y, al igual que Lanzarote y Fuerteventura, posee un modelo "acondicionado" al mercado.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron ayer en la necesidad de acometer un lavado de cara a la planta turística obsoleta en las Islas, pero disienten en cómo. El texto aprobado por los grupos que sustentan al Ejecutivo sólo aceptó correcciones técnicas y rechazó la mayoría de las enmiendas de la oposición a los 33 artículos y el resto de disposiciones.

La ley, que podrá revisarse cada tres años si así lo estima el Gobierno según la evolución del mercado, permite la construcción de hoteles de cinco estrellas de forma indefinida y sin límites temporales ni territoriales, así como de villas y complejos residenciales y regula los condominios. Descarta que los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad los puedan formular los cabildos y no sólo el Ejecutivo regional. Entre otros puntos, introduce que cada cabildo debe crear un registro de plazas de alojamiento, así como prevé incentivos en edificabilidad y en plazas adicionales con la renovación, pero no ayudas fiscales.

Para el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, ésta es "una ley a ciegas" y "sin consenso", por lo que "tiene fecha de caducidad rápida". El presidente de NC, con quien Julios mantuvo contacto minutos antes del pleno, aseguró que la "judicialización" de esta norma "está asegurada". El diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, alertó de que la norma "perjudica a Gran Canaria más que a otras islas" y "cercena" su desarrollo. Acusó al Gobierno de "dar la espalda al 88% de los turistas que visitan este territorio y piden hoteles de cuatro estrellas".

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel González, defendió que los empresarios pueden rehabilitar instalaciones propias o compradas para mejorar su categoría, de modo que el sector de la construcción podrá emplear a "entre 40.000 y 50.000 personas". El socialista Pedro Martín resaltó que la ley persigue lograr "una nueva oferta turística de calidad y tiende la mano a aquel que quiera invertir", pero no representa "un conflicto entre Tenerife y Gran Canaria".

Como colofón intervino el presidente, Paulino Rivero, que avanzó que hay 15 convenios cerrados en Gran Canaria para renovar 10.000 camas turísticas de una y de dos estrellas, que pasarán a ser de cuatro. Insistió en que la única actividad que puede generar "mano de obra de masas es la construcción mediante la rehabilitación", hecho que "posibilita esta ley". Reclamó "un esfuerzo por parte de todos para dejar a un lado las cuestiones pleitistas sin fundamento".