Mucha voluntad, pero poco dinero. Con esta frase resumen varios alcaldes su frustración ante el plan del presidente canario, Paulino Rivero, de implicar a los ayuntamientos para dar trabajo a familias con todos sus miembros en paro. Los planes de ajustes, la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en algunos casos, los expedientes de regulación de empleo (ERE) ponen contra las cuerdas a los ayuntamientos. Si bien la mayoría quiere acogerse a la iniciativa del Ejecutivo regional para paliar el drama de sus vecinos, reconocen que la escasez en sus arcas públicas complica la contratación. En esta línea, los regidores de Gran Canaria alzan la voz, inciden en que el empleo no es competencia municipal y exigen al Gobierno autonómico que asuma la totalidad del proyecto o, al menos, aporte la mayoría de los fondos. No quieren que se les imponga la medida, como ocurrió con la apertura de los comedores escolares en verano.

Rivero anunció en el debate del estado de la nacionalidad canaria de marzo un plan de empleo social, dotado con 30 millones de euros por seis meses, en el marco de una Estrategia contra la Pobreza. Esta actuación, ratificada en el Consejo de Gobierno del viernes, pretende desarrollarse en colaboración con la Federación de Municipios (Fecam), aunque no convence a todos los alcaldes. La idea de la administración es que cada ayuntamiento destine entre el 1% y 10% del Fondo de Financiación Municipal para emplear al menos a una persona de familias con todos sus miembros en paro. En el Archipiélago hay 26.000 hogares sin ingresos y 120.000 con todos desempleados.

Los consistorios tendrán que determinar cuánto pueden sufragar y el Gobierno añadirá un 50% de esa cuantía, es decir, solo un tercio del total del proyecto. Los servicios jurídicos y de intervención de las corporaciones locales hacen encaje de bolillos en sus cuentas y exploran resquicios legales para poder adscribirse al plan.

No se trata, por tanto, de una decisión política, sino de buscar cómo salvar las trabas legales. En eso pone el acento el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa (BNR-NC), que prefiere esperar a leer la "letra pequeña" del plan de Rivero, que a su vez "debe fiscalizar el interventor". Sosa aún mantiene "muchas incertidumbres" y desconoce si su ayuntamiento -afectado por un ERE- podrá acogerse. "Una cosa es la voluntad de contratar y otra acatar la ley", aseveró el regidor, que espera que se convoque una reunión informativa de la Fecam, tal como reclama la comisión insular de Gran Canaria. En la misma tesitura se halla el alcalde de La Aldea, José Rodríguez (NC), quien, aunque ha mostrado su compromiso de adherirse, duda de que pueda hacerlo tras llevar a cabo un ERE, que, junto con despidos, ha puesto en la calle a 50 personas. Por ello, pidió al Gobierno regional que afronte el cien por cien del coste.

Del mismo modo, el alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna (PP), propuso que la financiación corra a cargo del Ejecutivo autonómico. Acusó a Rivero de "cargar sobre las espaldas de los ayuntamientos" la responsabilidad en empleo que no les corresponde, además de ser la institución con "menos margen" en su presupuesto. Con él coincidieron los alcaldes de Mogán, Francisco González, y Valleseco, Dámaso Arencibia, del PP. Éste se hizo eco del "sentir" de esta Isla contra la asunción de otra competencia impropia. "Nos pasan la papa caliente, igual que con los comedores escolares", protestó.

El primer edil de Valsequillo, Francisco Atta (Asba-NC), reclamó al Gobierno regional que aumente su parte de la cofinanciación, mientras el regidor de Arucas, Ángel Víctor Torres (PSOE), espera que el Ejecutivo ultime cuanto antes el convenio para firmarlo y llevarlo a cabo desde el 1 de julio.

La mayoría de ayuntamientos atraviesan "bastantes dificultades", confirmó la presidenta de la Comisión de Empleo de la Fecam y alcaldesa de La Guancha, Elena Luis (CC), convencida de que, pese a ello, los alcaldes buscan "debajo de las piedras" las partidas donde librar alguna cantidad. Sobre la mesa, el Gobierno baraja que el coste por persona contratada no supere los 1.400 euros al mes, incluido sueldo y Seguridad Social. El objetivo es reforzar sobre todo los servicios municipales, entre ellos, jardinería, obras de mantenimiento o limpieza de márgenes de carreteras, por un sueldo medio de 800 euros, que variará si se trabaja el 75% o el 100% de la jornada.