El epígrafe 409 -"Obligaciones pendientes de imputar al presupuesto"- de la contabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias reflejaba el último día del mes de abril un saldo deudor de 108,9 millones de euros, según datos del Gobierno canario, que cita la contabilidad regional del Banco de España. Esa es la cantidad que la Administración regional adeudaba a sus proveedores, ya sean autónomos, pequeñas y mediana empresas (pymes) o grandes sociedades.

Desde que el año pasado se pusiera el dedo en la llaga por el estrangulamiento que sufrían los proveedores de las administraciones por la tardanza de estas en liquidar los bienes y servicios que le surten, las cifras han menguado. De hecho, el Banco de España reflejó que la Administración autonómica canaria cerró el pasado año adeudando a sus proveedores 274,8 millones de euros. Por tanto, en cuatro meses se han pagado 165,9 millones de euros del saldo vivo que existía en diciembre de 2012, el 60% del total.

Al terminar el pasado año, la deuda canaria con proveedores suponía el 3,7% del total presupuestado para 2012, lejos de La Rioja, Asturias, Aragón y Baleares, todas con el 0,8%, pero con una ratio mucho más positiva que la alcanzada por la Comunidad Valenciana, donde el agujero de la deuda con los empresarios superaba la quinta parte (20,4%) del total de las cuentas previstas para ese año. En términos absolutos, las facturas que mantenían en el cajón pendientes de pago levantinos y catalanes arrojaban cifras mareantes: 2.845,2 millones en el caso de los primeros y 1.203,5, en el de los segundos.

Según denunció el mes pasado en un informe la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el conjunto del sector público -estatal, regional, insular y local- debía en el Archipiélago 178 millones de euros. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que, a pesar de la entrada en vigor de la directiva europea de lucha contra la morosidad, en todo el Estado creció la deuda en 28 millones de euros entre febrero y mayo para quedar fijada en los 4.839 millones.

Más preocupante resultó en esa ocasión la afirmación de Amor sobre el incremento de los plazos de pago, que pasaron en ese mismo periodo de los 148 a los 151 días. Claro que eso es en el conjunto de España. Tras adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) el pasado año y repetir en este ejercicio, el Gobierno canario adquirió el compromiso de abonar las factura de sus proveedores en 40 días.

La radiografía de las cuentas de las Islas de hace un año detallaba un panorama ciertamente más negativo. En los últimos días de junio, la Comunidad Autónoma abonó 231 millones de euros correspondientes a 51.498 facturas pendientes, repartidas entre 768 proveedores, de los que solo 64 eran de personas físicas, 138 de grandes empresas y 566 emitidas por pymes.

Hasta que se introdujeron los cambios legales, las comunidades autónomas no tenían que informar al Ministerio de Hacienda del volumen que acumulaban en esa cuenta 409. Sin embargo, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha estimado necesario que se conozca. De hecho, es el propio ministerio el que hace públicas las deudas para contribuir a mejorar la transparencia de las contabilidades regionales.

Una de las denuncias de los proveedores que motivó el cambio normativo fue la pérdida de las facturas en los cajones de los diversos departamentos públicos. Según esas prácticas denunciadas, las administraciones acumulaban todas aquellas facturas para las que no existía consignación presupuestaria, bien porque era un gasto no previsto, o bien porque la partida para la adquisición del bien o servicio en cuestión se había agotado.

Ese modo de operar generó el amontonamiento de cantidades pendientes de pago en un volumen no conocido hasta entonces. El impago se sumaba así a la planicie de la curva de consumo y la ausencia de crédito como los tres factores que amenazaban con estrangular la actividad empresarial, sobre todo de las pymes y autónomos.