Las dudas de los alcaldes sobre la viabilidad del plan de empleo social impulsado por el presidente canario, Paulino Rivero, ha forzado una reunión urgente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La cita será el 14 de junio en la capital grancanaria, lugar donde se congregarán los 19 regidores que integran el Comité Ejecutivo.

El presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, anunció ayer esta convocatoria extraordinaria, con el propósito de disipar la incertidumbre de los regidores sobre esta iniciativa, que busca dar empleo a familias con todos sus miembros en paro. Una junta que, de hecho, reclamó hace más de dos semanas la Comisión Insular de la Fecam en Gran Canaria, que estos días ha vuelto a poner sobre la mesa sus reticencias a la propuesta de Rivero. Aunque comparten su filosofía, se quejan de tener que asumir otra competencia, esta vez en materia de empleo, que no les corresponde. Y más en un contexto en que los planes de ajustes, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los expedientes de regulación de empleo en varios consistorios, como Gáldar, La Aldea y La Oliva, torpedean la contratación de personal.

La preocupación de los consistorios, cuyos servicios jurídicos y de Intervención se afanan en ver cómo encajar el plan de empleo en sus cuentas, ha motivado el encuentro de la Fecam. Una vez que se alcance un posicionamiento común se elevará, posteriormente, a una asamblea general, en la que se explicará a los socios. La intención es lograr una postura uniforme, ya que se prevé aprobar lo antes posible el convenio con el Gobierno regional. El documento está "bastante avanzado" y el reto es que el plan, dotado con 30 millones de euros -20 millones de las arcas municipales- esté operativo a partir del 1 de julio y se prolongue durante seis meses. Los ayuntamientos podrán destinar entre el 1 y el 10% del Fondo de Financiación Municipal para dar trabajo al menos a una persona de núcleos familiares con todos sus miembros en paro, una lacra que azota a 120.000 hogares isleños. Asimismo, entre los beneficiarios estarán los parados de larga duración y aquellas con informe social municipal favorable.

El también alcalde socialista de Alajeró (La Gomera), Manuel Ramón Plasencia, admitió que "nunca llueve a gusto de todos", en relación a las críticas de regidores de distintas siglas, sobre todo de Gran Canaria. Aún así, comentó que 86 de los 88 ayuntamientos de las Islas han confirmado su adhesión, y no pudo precisar los dos que aún no han dado a conocer su postura.

Explicó que varios ayuntamientos han hecho números y han informado ya de su aportación, que ronda los 150.000 euros, importe al que habría que sumar el 50% del Gobierno autonómico. Plasencia entiende el enfado de los alcaldes porque el empleo no es responsabilidad de las instituciones locales, pero recalcó que se trata de un plan "extraordinario", que "no tiene nada que ver" con las políticas que emprende la Consejería de Empleo.

Por su parte, el departamento regional dirigido por Francisca Luengo exigió al PP que "deje de boicotear" el plan social de empleo porque "a quien boicotea en realidad es a las familias que sufren el desempleo". La Consejería valoró la "voluntad" de los consistorios para "sustituir la ayuda por el empleo". Serán los ayuntamientos los encargados de seleccionar a los trabajadores a través de una comisión técnica de Servicios Sociales, y deberán estar inscritos en el Servicio Canario de Empleo. Ésta es una de las líneas de la Estrategia contra la Pobreza del Gobierno autonómico, que incluye cambios para ampliar el salario social a los colectivos en riesgo de exclusión.