Más de 3.000 familias se quedan cada año sin percibir el salario social que ofrece el Gobierno regional a través de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), dirigida a personas en exclusión. La crisis que sacude al Archipiélago, con un récord histórico de 296.362 desempleados en mayo y 120.000 hogares con todos sus miembros en paro, ha disparado las solicitudes para cobrar esta ayuda, que oscila entre los 450 y 650 euros al mes. Más de 18.000 familias distintas se han beneficiado de la PCI desde su creación en 2007.
El número de solicitantes se ha incrementado considerablemente coincidiendo con los problemas económicos. El escenario no tiene visos de cambiar y por eso el Ejecutivo regional prevé modificar la ley que regula esta prestación para eliminar trabas burocráticas y llegar a más población.
La Consejería de Políticas Sociales estudia si es posible no exigir tanta documentación a los demandantes y ser, así, "algo más flexibles", aunque deben de cumplir los requisitos requeridos. El departamento trabaja para cerrar "cuanto antes" los cambios legislativos que deberán ser ratificados por el Parlamento.
La administración autonómica recibe cada año más de 5.000 nuevas peticiones, aunque ello no implica que todas tengan derecho a la ayuda, matizan desde el área que gestiona Inés Rojas. En concreto, en 2010 se presentaron 5.945 instancias, mientras que en 2011 se redujeron a 5.525 y un año más tarde 5.557. De las registradas en 2012, 2.180 nuevos expedientes lograron una resolución positiva, mientras que 3.377 casos no obtuvieron luz verde.
La PCI está dirigida a personas que carecen de habilidades para incorporarse al mercado laboral, a los servicios de salud o a los educativos y va ligado a programas de inserción, en los que también se implica la unidad familiar.
No obstante, la normativa estipula excepciones para que puedan acceder a esta cuantía personas sin techo, víctimas de violencia de género o mayores de 65 años que no cobran pensión contributiva.
Esta ayuda, que no sustituye ni complementa a la prestación por desempleo, se percibe durante un año con 14 pagas, renovable por períodos sucesivos de seis meses.
En los últimos años el presupuesto autonómico dirigido a cubrir la PCI ha ido aumentando hasta los 20 millones de euros en las cuentas de 2013, partida "ampliable" si así lo considera el Ejecutivo.
En mayo 4.206 personas ingresaron directamente la ayuda, aunque ésta alcanza a toda la familia, por lo que en realidad favoreció a 8.611 personas. Además, en un año, ha crecido en 1.077 la cifra de destinatarios, pues en el mismo mes de 2012 fueron 3.129. De enero a mayo de este año se ha incrementado en 440 los receptores de este subsidio, al pasar de 3.766 a 4.206. En febrero fueron 3.722, en marzo 3.958 y en abril 3.957 personas.
