Intersindical Canaria y Co.bas Canarias exigen explicaciones al director general de Seguridad del Gobierno regional, Juan Manuel Santana, sobre las declaraciones públicas en las que achaca la operación ladrillo a un ajuste de cuentas de los sindicatos tras una modificaciones de los horarios de la plantilla de la Policía Canaria. Ambas centrales exigen pruebas a Santana de los hechos que le llevan a afirmar que los delitos que se investigan en ese caso -falsedad documental, detención ilegal y acoso en el ámbito laboral- se deben a intereses sindicales.

La operación arrancó cuando la Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a una decena de agentes de la Policía autonómica, entre ellos varios cargos, tras recibir una denuncia. Los sindicatos afirman que desde que se abrió la investigación han pedido a Segura información sin obtener respuesta.