El grupo Socialista preguntará en el próximo pleno del Parlamento de Canarias al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Javier González Ortiz, por las circunstancias que han desembocado en la resolución judicial que obliga a la Comunidad Autónoma a pagar a la desaparecida CajaCanarias, ahora Caixabank, 5,2 millones de euros. Los socialistas consideran que la Consejería de Economía y Hacienda, entonces en manos de José Manuel Soria no se ciñó al decreto de concesión del aval durante su tramitación, tanto por no inscribirlo en el Registro Mercantil, como por emitirlo contra bienes muebles.

La pregunta parlamentaria es solo el primer paso que darán los socialistas, porque según avanzó ayer su portavoz en la Cámara regional, Manuel Fajardo, a esa iniciativa seguirá una profunda indagación que determine las responsabilidades en las que pueden haber incurrido "personas y entidades mercantiles".

"No voy a poner nombres", afirmó ayer Fajardo Palarea. Él no lo hace pero abundan los compañeros de partido que señalan al también presidente del PP de Canarias como principal responsable de la situación generada, que puede desembocar en otro agujero para las muy maltrechas arcas canarias.

Los 5,2 millones de euros "suponen una cuarta parte del presupuesto para poner en marcha el plan contra la pobreza", refirió el portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica para dar idea de la dimensión del problema creado.

En voz baja, los socialistas inciden en dos aspectos fundamentales de la tramitación del aval como pruebas de que el trabajo no se hizo bien y se dio pie a la sentencia emitida por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. El primero de ellos es no haber inscrito en el Registro Mercantil dicho aval, como ya denunciara el Ejecutivo canario la pasada semana. De haberlo hecho, la Comunidad Autónoma habría sido acreedora preferente en el momento en que Vanyera presentó concurso. "El caso es igual al de un banco que no inscribe en el Registro de la Propiedad una hipoteca que ha concedido", explicó el portavoz socialista en el Parlamento regional. "Claro que en ese caso el director de la sucursal dura un minuto en su puesto", aseveró.

La otra parte de la actuación de Soria que no ven clara son las garantías sobre las que se sostenía la concesión del aval, que, según Fajardo Palarea, "eran bienes muebles", esto es, maquinaria o equipamientos informáticos, por ejemplo.

Entre los socialistas extrañan esta actuaciones decididas por el hoy ministro José Manuel Soria. Sobre todo porque afirman que no era lo recogido en el decreto de concesión del aval. "Fue la Consejería de Hacienda la que tramitó ese aval", señaló el portavoz socialista. De ese modo, resaltó que, si bien el Parlamento de forma unánime acordó la concesión, su tramitación y la vigilancia recayó en el departamento que regía Soria. Pero no se quedan ahí, porque "también CajaCanarias tenía obligación de vigilar las ayudas que se daban a Vanyera", zanjó Manuel Fajardo.

En una comparencia parlamentaria celebrada a finales de 2010, el entonces diputado socialista Sergio Roque advirtió de los problemas que podrían derivarse de la tramitación del aval. "Precisamente anunciaba que podía ocurrir lo que finalmente ha pasado", apuntó el portavoz de los socialistas, quien espera que el informe jurídico encargado por el Gobierno esté finalizado para cuando se celebre el pleno.