El Gobierno canario y los cabildos destinan este año 96,4 millones de euros a sufragar 8.229 plazas de dependientes mayores y discapacitados en residencias y centros de día. El convenio firmado ayer entre el Ejecutivo y seis corporaciones insulares -Gran Canaria firmó en abril- normaliza en parte la situación generada en años anteriores, donde el retraso acumulado en la firma de los convenios suponía graves problemas para las ONG y las empresas que gestionan los centros de dependientes.

La isla con más plazas e inversión es Gran Canaria, con 42 millones de euros y 3.400 dependientes acogidos a estos fondos procedentes del Estado, la Comunidad Autónoma y los cabildos. Tenerife cuenta con 3.200 plazas y un gasto total de 36,9 millones de euros.

De las 8.229 plazas que se benefician de estos fondos 4.075 son de carácter residencial y 4.155 corresponden a centros de día. El Gobierno de Canarias aporta 63,4 millones de euros y los cabildos el resto, es decir, 32,9 millones, lo que supone un incremento respecto a 2012 del 7,35%.

Paulino Rivero, presente ayer en la firma del convenio en el Cabildo de Tenerife, indicó que de esta forma el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares mantienen los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social. El jefe del Ejecutivo señaló que se beneficiarán del acuerdo los 55 centros de Canarias para la atención a mayores y los 127 de personas con discapacidad.

Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, planteó ayer la necesidad de prorrogar el convenio durante al menos dos años, con el fin de que no haya "incertidumbre" en los operadores que gestionan los centros residenciales donde están acogidas las personas con dependencia. El pasado año el convenio se firmó en el mes de noviembre, mientras que este año se ha adelantado a junio, pero así y todo continúa existiendo un retraso que perjudica la continuidad del sistema sin sobresaltos en la financiación.

Álamo propone solucionar los "problemas técnicos" que puedan existir para garantizar la prestación del servicio. "Los problemas se pueden acabar si el Gobierno prorroga el convenio porque se ahorra en burocracia, se eliminan los retrasos y el sistema se mantiene sin incertidumbres", agrega.