"No me siento ni cuestionada ni desbordada por la situación". La consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, mantiene la calma ante la crisis que viven miles de familias isleñas e intenta aunar el trabajo de todas las administraciones en material social para hacer frente a un escenario que se complica por momentos. A pesar de las críticas que recibe, incluso desde los partidos del pacto regional, advierte que "me siento con fuerzas suficientes para aglutinar todos los recursos disponibles y sé que los que estamos al frente de las políticas sociales debemos enfrentarnos a situaciones como esta".
"Soy la que tiene que mantener más la calma y poner sosiego entre tanta preocupación y alarma, porque mi deber es llamar al trabajo conjunto y aunar todos los esfuerzos ya que sé de primera tinta lo que pasa en muchas familias", asegura la consejera.
Rojas quita hierro al debate del pasado miércoles en el Parlamento y asegura que las críticas lanzadas por CC y PSC se referían más a la política social del Gobierno central que a su gestión. "Es verdad que no podemos esperar seis meses para ver qué política social adopta el Estado, por eso el 1 de julio se pone en marcha el plan de empleo social y se abren los comedores en los meses de verano como primeras medidas para paliar la situación de muchas familias", añade la consejera.
La titular de Políticas Sociales justifica la tardanza en dar a conocer la Estrategia contra la Pobreza porque, según Rojas, la prolongación de la crisis obliga a las administraciones públicas a adoptar medidas estructurales que implican cambios de leyes -Vivienda o Prestación Canaria de Inserción- o ampliar los fondos destinados a las ayudas sociales para dar más cobertura a las familias en riesgo de exclusión social.
La idea de la consejera es que el plan contra la pobreza tenga una vigencia de cuatro años para garantizar la estabilidad de los fondos de todas las administraciones. Por ello, también se están manteniendo negociaciones con la Consejería de Economía y Hacienda para determinar la capacidad que tienen las arcas autonómicas para incrementos los fondos en el segundo semestre y fijar las posibilidades para el próximo año.
En relación con el informe que pone a los servicios sociales como los segundos peor valorados de las comunidades autónomas, Rojas considera que contienen errores que distorsionan la realidad del trabajo que se realiza en las Islas. La consejera advierte que "el error surge porque en esos datos no se introduce lo que el Gobierno transfiere a los cabildos para la gestión de los servicios sociales especializados, ni lo que los propios cabildos gastan en la gestión de estos servicios".
