La campaña de peinado fiscal realizada por Hacienda para detectar bolsas de fraude en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aflora una recaudación extra de 9 millones de euros. El 20% de los expedientes revisados hasta el momento presentan algún tipo de irregularidad, con lo que serán sometidos a la inspección tributaria para que los titulares de los negocios y empresas que no cumplen con sus obligaciones con el fisco sean sancionados o regularicen su situación con Hacienda.

Los inspectores y funcionarios que realizaron la campaña estuvieron tres meses -entre mayo y julio del pasado año- visitando despachos profesionales, talleres, comercios, consultorías y pequeñas empresas. Se realizaron un total de 9.547 visitas y hasta el momento se han revisado 5.235 de los expedientes abiertos por el personal tributario. Las irregularidades se han detectado por el momento en 800 expedientes, es decir, el 20%, si bien se ha realizado por ahora un total de 567 requerimientos a los afectados.

Fuentes de la Hacienda autonómica consideran que este tipo de campañas persigue dos objetivos: lograr información para localizar las bolsas de fraude y el efecto inducido que supone la propensión a cumplir voluntariamente con las obligaciones tributarias.

Además de los 800 expedientes que presentan anomalías fiscales, 66 han sido trasladados a la Inspección de Tributos mientras que se han producido 20 regularizaciones espontáneas, es decir, sin necesidad de que se hayan producido requerimientos sino petición de documentación. De esta forma se han ingresado 221.000 euros.

Equipo de trabajo

El Consejo de Gobierno aprobó en su momento la creación de un equipo de trabajo formado por 18 administrativos y auxiliares administrativos para realizar esta campaña, con el fin de apoyar a los inspectores de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos nuevos efectivos procedían de la cesión de dos trabajadores de cada consejería. Su misión fue visitar durante tres meses locales con actividad económica para requerir la aportación de documentación que acreditase que estaban dados de alta como sujetos pasivos en el IGIC y otras figuras tributarias propias de la Comunidad Autónoma. La campaña también contó con el refuerzo de agentes de la Policía Canaria.

La campaña puesta en marcha en 2012 forma parte del plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda. Entre los objetivos del plan figura en el área de los tributos integrantes en el Régimen Económico y Fiscal (REF) la detección de redes de fraude en el IGIC mediante la investigación de todo tipo de sectores de actividad en los que se pone de relieve la existencia de gastos ficticios. De igual manera, se regularizarán los contribuyentes que presentan diferencias no justificadas entre los datos declarados a efectos del IGIC y los que constan en la Agencia de la Administración Tributaria.

Desde Hacienda se justifica que no se trata solo de realizar campañas con medidas de carácter represivo, sino también que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, sobre todo cuando se trata de negocios y despachos con actividad económica. Para Hacienda la lucha contra el fraude fiscal no es un fin en sí mismo sino un instrumento para estimular y propiciar el cumplimiento con el fisco.

Aunque se trata básicamente de detectar fraude en el pago del principal impuesto que nutre las arcas autonómicas, también se dan casos en las inspecciones que se realizan donde se detectan también irregularidades en el pago de impuestos de titularidad estatal como el Impuesto de Sociedades y el IRPF. En este caso se traslada la información a la Administración Tributaria estatal. Lo mismo ocurre a la inversa.

Otro de los aspectos en los que se está incidiendo es en la comprobación de la tributación de la mercancía cuya importación se encuentra gravada por los tipos impositivos del 15% en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), con objeto de corregir las desviaciones que hubieran.