El Gobierno descarta despidos y congela gastos de personal

"No hay ninguna directriz que contemple reducir la plantilla orgánica de la Administración autonómica", informó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, al término del Consejo de Gobierno, donde el pacto de CC y PSOE fijó como prioridades el fortalecimiento de los servicios esenciales y la generación de empleo en las cuentas del próximo año.

Aparte de estas premisas, el Ejecutivo establece como objetivos centrales la protección de los colectivos en riesgo de exclusión y de los sectores más desfavorecidos por la crisis, además del aumento del grado de eficacia de la administración pública. Se añade el cumplimiento de los límites de déficit y de deuda pública para 2014.

Marrero hizo hincapié en que en los últimos ejercicios ha descendido la capacidad financiera del Gobierno, sobre todo por el recorte de las cuantías del sistema de financiación y la caída de los ingresos estatales ligados a convenios y subvenciones, pues sólo en carreteras ha supuesto 628 millones de euros menos para las Islas.

El acuerdo adoptado ayer representa el pistoletazo de salida para que cada consejería confeccionen una primera propuesta con sus gastos estructurales, es decir, aquellas partidas fijas como las relativas a personal, las ineludibles para prestar los servicios públicos esenciales y las derivadas de obligaciones legales. El siguiente paso será diseñar una segunda propuesta que incluirá los créditos destinados a políticas sectoriales, para lo que se utilizará el resto de los fondos disponibles tras asegurar las partidas estructurales.

En cuanto a los gastos de personal, las directrices establecen que las necesidades se atenderán mediante la "racionalización" de los puestos de trabajo y la distribución de efectivos, "evitando su incremento, con el fin de no ampliar el gasto estructural", señaló Marrero, que precisó que en los criterios de gasto en el ámbito de las compras se tendrá en cuenta "el efecto positivo" que constituye "adquirir bienes y servicios locales, así como el empleo de mano de obra canaria".

La idea es que se cumpla el calendario habitual y el proyecto de ley de las cuentas entre en octubre en el Parlamento para su aprobación antes del 31 de diciembre.

Estrategia

Por otro lado, el portavoz insistió en que la estrategia contra la pobreza, impulsada por el Ejecutivo, "ya está en marcha" y "otra cosa es la formalidad" de presentarla mediante una comunicación del Gobierno en el Parlamento, que se producirá este mes. Según Marrero, este documento "no requiere de una aprobación" en la Cámara. De hecho, algunas medidas ya se aplican, como la apertura de los comedores escolares en verano. Otra de sus actuaciones es el plan de empleo social que, aunque estaba previsto que arrancase el 1 de julio, comenzará en agosto. El Gobierno y los ayuntamientos aceleran los trámites que son insalvables para aplicarlo.

Sigue adelante la ley antidesahucios

El Ejecutivo regional seguirá adelante con la modificación de la Ley de Vivienda para frenar los desahucios. El Gobierno no variará su hoja de ruta a pesar de la advertencia del Estado de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre los desalojos, en el que se inspiró Canarias. "No es una cuestión de orgullo, sino que por un recurso anunciado por el Gobierno central no vamos a paralizar una iniciativa legislativa en esta comunidad autónoma", aseveró el portavoz, Martín Marrero. A él no le sorprende la intención de Madrid porque "siempre se ha alineado con la banca "y destina miles de millones a salvarla mientras deja en la deriva a las familias que no pueden afrontar sus hipotecas". El Consejo de Gobierno de ayer acordó pedir con carácter de urgencia un dictamen al Consejo Económico y Social sobre la modificación de la Ley de Vivienda en un plazo de diez días. H. M.