Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertaron ayer de que la intención del Gobierno de Canarias de recompensar a quienes denuncien casos de fraude fiscal puede provocar "extorsiones". El sindicato expresó su desacuerdo con la posibilidad de gratificar a los denunciantes con exenciones o bonificaciones.

Premiar los chivatazos podría dar lugar a "extorsiones" a quienes cometen las supuestas irregularidades, advirtió el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. El incentivo económico por formular denuncias estuvo vigente en España hasta enero de 1987. El premio osciló entre el 20 y 30% del importe de la sanción impuesta al denunciado. Sin embargo, esta medida desapareció porque se detectaron situaciones anómalas de empresas o personas dedicadas profesionalmente a detectar fraudes y que querían intervenir en los procedimientos de la Agencia Tributaria.

Mollinedo explicó que debido a la "poca capacidad" del órgano estatal para atender todas las denuncias hubo quienes "optaron por pedir dinero a los empresarios a los que iban a denunciar por supuestas irregularidades o sobre los que habían recabado información para amenazarles y, así, evitar estos la denuncia". A la vista de estos comportamientos, el Gobierno central decidió eliminar ese incentivo.

Gestha ve más perjuicios que efectos positivos en el premio a los delatores fiscales. "Se supone que si te guía un interés legítimo en denunciar algo lo debes hacer sin esperar nada a cambio", apuntó el portavoz, para quien "no debe haber un interés económico en interponer las denuncias".

Además, cuestionó el margen de maniobra del Ejecutivo regional para realizar esta fórmula, pues estima que la Agencia Tributaria estatal es la que debe tener "mayor protagonismo en la lucha contra la defraudación porque tiene que recaudar mucho más". De hecho, el Gobierno central recauda más del 80% de los ingresos públicos.

Respecto al canal confidencial que pondrá en marca la comunidad autónoma para preservar el anonimato de los denunciantes, Gestha indica que ya hay varios cauces para alertar a la administración, con el fin de aflorar el fraude fiscal o el empleo no declarado.

A ello se añade que la crisis ha motivado un aumento de denuncias "genéricas", que no aportan documentación o pruebas y que guardan relación sobre todo con la competencia entre empresas. Este tipo de soplos se suelen desechar porque "muchas veces corresponden a un interés comercial de una compañía para quitarse la competencia de otra", confirmó Mollinedo.

Precisó que sí se obtiene valiosa información de aquellos trabajadores que han sido despedidos por las empresas que incumplen sus obligaciones tributarias.

Se refirió también a las acusaciones de ciudadanos contra desempleados que realizan chapuzas en el marco de la economía sumergida, que alcanza el 28% del PIB en Canarias. En su opinión, habría que estudiar si el fraude que se está denunciando se puede probar, si es suficientemente relevante para iniciar una investigación a la persona o empresa o si interesa concentrar los "pocos recursos que hay" en otros expedientes "más importantes". Esto es una cuestión que estudian las unidades de selección de cada servicio provincial de la Agencia Tributaria.