El Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias ha exigido este miércoles al Gobierno central que cumpla con los acuerdos firmados en materia de rehabilitación del Plan Estatal de Vivienda, y ha asegurado que su paralización acabará con 10.000 empleos directos o indirectos en la construcción.
La diputada nacionalista por La Palma y portavoz en materia de Vivienda, Rosa Pulido, ha presentado una iniciativa en la que exige al Estado que cumpla con los acuerdos firmados en materia de rehabilitación de viviendas y áreas de renovación urbana tanto del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 como en el 2009-2012.
En estos convenios, explica la diputada, se establecen las pautas de colaboración y compromisos mutuos entre el Estado y Canarias para garantizar su ejecución. Una de esos compromisos era la aportación por parte del Ministerio de los recursos económicos previstos en los planes, algo que, señaló, este Gobierno de España no ha cumplido.
Por este motivo, la iniciativa también exige que se "admitan los reajustes de anualidades de ejecución de dichas áreas presentados en tiempo y forma dentro de los planes en los que se asumieron los acuerdos, y se cumpla con el compromiso económico de transferir los fondos para terminar el desarrollo de las áreas contempladas en dichos planes", afirma Rosa Pulido.
"Todo ello, por supuesto, sin olvidar aumentar la ficha financiera del nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016 para Canarias por un importe de casi 33 millones de euros, cumpliendo así con los compromisos asumidos por gobiernos anteriores para el desarrollo de las áreas de rehabilitación integral y áreas de rehabilitación urbana", asegura.
Para Rosa Pulido, es "inconcebible que el Gobierno del Estado haya dado la espalda a 46 áreas de intervención en diferentes barrios canarios, máxime cuando esas áreas fueron elegidas en una comisión bilateral Canarias-Estado, independientemente del color político que ocupen los gobiernos".
"Son edificios y barrios degradados por el paso del tiempo y la baja calidad de los materiales, y habitados en su mayoría por personas mayores con muy escasos ingresos y nulas posibilidades para afrontar las obras de gran envergadura que requerían", remarca Rosa Pulido, quien añade que es a esas personas a las que ha dado la espalda el Gobierno de Rajoy recortando en estos compromisos adquiridos.
La diputada nacionalista añade que es el Gobierno del PP, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el que ha decidido que no admitía los reajustes de áreas presentados en tiempo y forma.
"Esta postura significa paralizar la continuidad o comienzo de los 32 convenios que faltan por ejecutar y que afectan a un total de 4.206 familias que, en algunos casos, se han visto obligadas a residir en muy precarias condiciones o han sido desplazadas de sus hogares", afirma.
A esto se suma, según Rosa Pulido, el varapalo económico que supone paralizar la intervención en estas viviendas, ya que, entre otras cuestiones, supondrá que se dejará de crear o de mantener un total de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en uno de los sectores más castigados por la crisis.
