El giro de 360 grados que ha dado la sociedad canaria en los últimos años debido a la crisis requiere nuevas respuestas políticas. El Consejo Económico y Social (CES) instó ayer al Gobierno regional a buscar fórmulas diferentes para atender las necesidades de una población lastrada por el paro y cada vez más envejecida. El presidente del CES, Fernando Redondo, transmitió su preocupación al presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, que presentó a los miembros de este órgano consultivo el plan de acción Canarias 2020. Este documento, que traza el destino socioeconómico del Archipiélago, se llevará a la Comisión Europea en septiembre para definir el uso que la Comunidad Autónoma otorgará a los fondos comunitarios a partir del año 2015 y que rondan los 2.300 millones de euros.
Entretanto, hasta esa fecha, el Gobierno regional destinará entre 50 y 75 millones de euros a un proyecto piloto de dicho plan de acción, dirigido a impulsar instrumentos financieros, tales como microcréditos sin garantías para empresas de nueva creación, así como reforzar las sociedades de garantía recíproca, un fondo de capital riesgo para proyectos de base tecnológica y otro de actuaciones de innovación en colaboración con el Gobierno central.
El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz Alzola, detalló que ese dinero procede del convenio suscrito con el Estado en 2009, en virtud del cual el Ministerio de Ciencia e Innovación asignó 150 millones en forma de préstamo anticipado para construir tres parques tecnológicos en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
Aparte del desvío de los recursos para esta experiencia novedosa, el Gobierno regional ultima su estrategia para 2020, que contempla el citado plan de acción 2020, requerido por la Comisión Europea a las regiones ultraperiféricas, al igual que una "estrategia de especialización inteligente", que busca un progreso económico sostenible y que recibirá el 80% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El Gobierno regional volverá a convocar el 19 de julio a los agentes económicos y sociales para cerrar el documento con el "máximo consenso". Su intención es aprobarlo en el último Consejo de Gobierno del mes. Una de las principales aportaciones al texto que ayer expuso el CES se refiere a la innovación social, prácticas que contribuyan a afrontar los desafíos de la elevada tasa de paro, superior al 34%, y el envejecimiento de la población, entre otras circunstancias.
Fernando Redondo encuadró en este concepto de innovación la apertura de los comedores escolares este verano por parte de la administración. Si bien recalcó que es necesario adoptar más medidas en esa línea. "Hay que actuar de forma inmediata porque están entrando en marginación colectivos que hasta ahora no habían entrado", alertó Redondo, que resaltó: "Estamos pendientes del final del túnel, pero mientras estamos en él y esto va a durar todavía un tiempo, así que hay que emprender acciones para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida".
Esta propuesta contribuiría también a crear empleo, por ejemplo "existe un campo enorme" a través de la atención a los mayores y dependientes, o la firma de programas especiales con las empresas para formar a desempleados o menores de 25 años, apostilló el máximo representante del CES. Se trata de motivar a las organizaciones o empresas a que tengan un propósito social positivo y no sólo repartan sus dividendos. Uno de los métodos que se ha puesto de moda bajo esta premisa es el crowdfunding, plataforma donde gracias a aportaciones pequeñas de particulares se logra financiación para proyectos originales.
La filosofía de los proyectos de innovación social se traduce en modelos de negocio que pueden ayudar a que "una parte de la población que ve su futuro muy oscuro cuente con oportunidades", indicó Ruiz Alzola, que señaló que el Gobierno estudiará la propuesta del Consejo Económico y Social para incorporarla al plan. La Comisión Europea apoya este tipo de iniciativas para evitar las brechas sociales y luchar contra la pobreza.
