La Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada en el año 2007, establece que las aportaciones en concepto de donaciones "deben proceder de personas físicas o jurídicas, que no contraten con las administraciones públicas". Sin embargo, en la contabilidad oficial del Partido Popular del año 2011, la última fiscalizada, aparecen diversas empresas canarias que aportaron donaciones y que sí trabajan con las administraciones públicas.
Establecer una relación entre lo donado al partido y lo adjudicado por las administraciones a estas empresas es complicado, sin embargo las donaciones están apuntadas y las compañías obtuvieron contratos públicos.
Dos empresas del Grupo Lopesan aportaron 100.000 euros cada una de ellas a las arcas del Partido Popular en 2011. Lopesan obtuvo al año siguiente la adjudicación de un contrato por 14 millones de euros, junto a la compañía Acciona, para desarrollar las obras de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), una infraestructura dedicada a la investigación científica que está financiada por el Ministerio de Economía y el Gobierno de Canarias, además de recibir subvenciones europeas con cargo a los fondos Feder.
Miguel Ángel Ramírez, que en 2011 aparecía como apoderado de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, donó 50.000 euros. Ramírez también es propietario de Seguridad Integral Canaria y del Grupo Ralons. La empresa de seguridad ha obtenido contratos de la administración pública canaria. Sus vigilantes controlan muchos de los edificios oficiales del Gobierno de Canarias y de la Administración de Justicia.
Hace escasamente un mes, la empresa que dirige Ramírez obtuvo otro suculento contrato, esta vez en la capital de España, después de haber sido elegida como adjudicataria de tres zonas -el máximo a que podía aspirar un solo concursante- de las ocho en que se divide la red del Metro de Madrid. La adjudicación, por cuatro años prorrogables a dos más, supondrá unos ingresos anuales que rondarán los 17 millones de euros, según los datos de la propia compañía.
Relaciones
Ambrosio Jiménez, presidente de Cointe, Promociones Horneras y Proyectos Inmobiliarios Las Arenas admitió en una entrevista en LA PROVINCIA / DLP que realizaba pagos al PP y a todos los partidos políticos pero que, como no tenía ninguna contrata pública, esto no constituía ninguna ilegalidad.
Sin embargo, las relaciones de las empresas de Jiménez con la administración están constatadas en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna en 2005, con los votos a favor de Coalición Canaria y Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento. Esa decisión posibilitaría la construcción del megaproyecto de Montaña Pacho, donde inicialmente se iban a construir cuatro polideportivos, 11 campos de fútbol, cuatro pistas de tenis y una pista cubierta de esquí, todo sobre una superficie de 182.000 metros cuadrados.
Además, estaban proyectados edificios residenciales y el centro comercial más grande de La Laguna. El proyecto, con una inversión de 36 millones de euros, está ahora paralizado, tras construirse solo varios campos de fútbol y un colegio público.
Por otra parte, el dueño de Lanzagrava (empresa que donó 10.000 euros), Demetrio Rodríguez Robayna, fue detenido en 2010 en la tercera fase de la operación Jable, enmarcada dentro del caso Unión. El empresario fue puesto en libertad sin fianza, aunque se le mantuvo la imputación. Lanzagrava había realizado un importante número de obras para el Ayuntamiento de Arrecife en los últimos años y, entre otras cosas, la empresa había resultado adjudicataria del Plan de Barrios impulsado por el PIL en la capital, además de otras obras.
