El Gobierno de Canarias no está dispuesto a asumir, de nuevo, las competencias transferidas a los ayuntamientos, como prevé el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Francisco Hernández Spínola, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, anunció ayer que el Ejecutivo devolverá las competencias que la nueva legislación le quite a los municipios, en base a lo establecido en el Estatuto de Autonomía, que permite a Canarias regular la legislación del régimen local.

Por ello, si el proyecto de ley de reforma de las administraciones locales sale adelante en las Cortes Generales, el Gobierno canario aplicará la potestad que tiene en su Estatuto de Autonomía para aprobar "otra ley de los municipios canarios" y rebotar, nuevamente, las competencias a los ayuntamientos. Canarias es "contraria" al traspaso de la gestión de competencias desde el ámbito municipal al autonómico, porque es un sistema "regresivo y perjudicial para el ciudadano", recalcó Spínola, acompañado por el vicepresidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, José Miguel Pérez.

La nueva ley supone "un ataque" a la autonomía municipal consagrada en el artículo 149 de la Constitución y tiene "una orientación ideológica de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos". El proyecto de ley pretende racionalizar y evitar duplicidades en la administración local, si bien el vicepresidente del Gobierno canario concluye que, tal y como está formulada, "lo único que trata es de eliminar la democracia y sustituir la respuesta pública por el negocio, en mayúsculas".

Problemas en los servicios

Por su parte, Hernández Spínola se refirió a los problemas que se derivarán de la transferencia de los servicios en materia educativa y políticas sociales por parte de los ayuntamientos a las comunidades autónomas. En su opinión, se ha demostrado que son las administraciones más cercanas, en este caso los ayuntamientos, las que mejor servicio prestan a los ciudadanos. "Es un error y vamos a hacer todo lo posible por impedir el deterioro de los mismos", subrayó.

El Gobierno de Canarias está desarrollando, además, un proyecto de ley regulador de las competencias de los cabildo, que se encuentra muy avanzado y será debatido previamente con la Federación Canaria de Municipios antes de su aprobación, "no como en la ley del Gobierno del PP que no han contado con nadie", criticó el consejero.