El proyecto ideado para la montaña de Tindaya por el escultor vasco Eduardo Chillida, fallecido en 2002, lleva 19 años haciendo correr ríos de tinta, polémicas judiciales, enfrentamientos políticos y, sobre todo, un gasto de fondos públicos que se eleva a unos 25 millones de euros, aunque el Gobierno autónomo nunca ha reconocido oficialmente esta cifra.
Desde que Chillida eligió la montaña majorera para llevar a cabo su sueño de realizar un monumento en el interior de una montaña real, se inició un largo y engorroso asunto del que aún no se sabe cuando acabará. Desde el primer momento el Ejecutivo, presidido en aquellos años por Manuel Hermoso, respaldó la iniciativa y puso en marcha la maquinaria administrativa. Ya desde el principio tuvo que desembolsar cinco millones de euros para rescatar los derechos de explotación de la empresa Cabo Verde SA, que se dedicaba a extraer piedra de la montaña majorera. Esta operación fue la espoleta que inició una deriva en la que se vieron involucrados los partidos que gobernaban en ese momento, ya que se lanzaron acusaciones de corrupción e irregularidades en la compra de los derechos mineros.
Paralelamente se inició también una oleada de rechazo desde los ámbitos culturales y políticos de la sociedad majorera y canaria que llevaron al propio Chillida a anunciar en un primer momento el abandono del proyecto. Después de reconsiderar su posición y visitar personalmente Canarias, Chillida continuó con su idea y el Gobierno adjudicó las obras a FCC y Necso. El proyecto nunca se ejecutó y el Ejecutivo reclamó en los tribunales las cantidades gastadas para el concurso que la Justicia falló a favor de las empresas adjudicatarias.
Entre 2000 y 2002 fallecen el ingeniero del proyecto, Antonio Fernández Ordóñez, y el propio Chillida, mientras que el concurso se estanca por la investigación judicial. Por otro lado, también surge otro proceso cuando el Gobierno canario de entonces, presidido por Román Rodríguez, denunció a Saturno, a las empresas adjudicatarias, Cabo Verde SA y a los antiguos administradores del proyecto.
Tras la muerte del escultor vasco y en vista de la situación se para el proyecto hasta terminar un estudio de viabilidad. En 2008 se da un nuevo impulso y en 2010 se apruebas las normas de conservación, que son recurridas por los ecologistas. El proyecto está valorado en unos 80 millones de euros.
Luis Chillida, hijo del artista Eduardo Chillida, aseguró ayer que su padre "siempre quiso conservar" los grabados rupestres prehispánicos de la montaña. Chillida insistió en que en ningún caso la intención del escultor donostiarra fue enfrentarse a los ecologistas ni "atentar contra el medio ambiente".
"Me gustaría que algún día ese proyecto se pudiera realizar porque es algo en lo que mi padre puso mucho interés, trabajo y esfuerzo, y es la única obra póstuma suya que quedaría. Si no puede ser, quedará como un sueño muy bonito, al menos para mí", dijo a Efe.
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