El consejo de administración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) volvió ayer a pedir tiempo muerto en las negociaciones que lleva a cabo para salvar la empresa pública y no tener que recurrir al despido de la mitad de la plantilla, tal y como se recoge en el proyecto de los presupuesto de Canarias para 2014. La falta de ingresos desde que la crisis se hizo patente ha llevado a las arcas de la empresa a una situación insostenible, con todas sus reservas agotadas.

Hoy por hoy, la mayor parte de los ingresos del ITC proceden de aportaciones y subvenciones de los organismos públicos, en un tanto por ciento muy elevado del Gobierno regional. Con los recortes presupuestarios en todas ellas el dinero ha dejado de llegar al Instituto. O se acomete un plan de viabilidad o está abocado al cierre. Una de las soluciones es el Expediente de Regulación de Empleo al que se oponen los representantes de los trabajadores y que afectaría, según las previsiones presupuestarias a 89 de los 165 trabajadores que componen la plantilla. La mitad.

La consejera de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, volvía ayer a pedir calma ante las denuncias de los sindicatos y las protestas de los empleados, concentrados la tarde de ayer ante la consejería mientras en su interior el consejo de administración, siguiendo las instrucciones de Luengo, intentaba, una vez más, hallar una solución alejada del ERE. Por segunda ocasión se levantaron sin llegar a nada en concreto.

Lo cierto es que el esfuerzo del Ejecutivo en políticas de I+D+i ha ido cayendo a medida que disminuía el presupuesto general. Paulino Rivero inició sus dos legislaturas asegurando su apuesta por la investigación, pero lo cierto que el Instituto ha pasado de disponer en 2009 de 123 millones a 62 este año y para 2014 recibirá otro tajo.

Ante este escenario no es extraño que los dos sindicatos mayoritarios acusaran ayer a Rivero de promover el desmantelamiento del ITC y demostrar así la falsedad de su apuesta por la innovación y la diversificación económica.

"Cuando se plantea mandar al paro al 50 % de los trabajadores del ITC, de lo que estamos hablando es, tácita y efectivamente, del cierre de esta empresa", afirmó el presidente del Comité Intercentros de su personal, Héctor Mendoza.

Acompañado por los secretarios generales de CCOO y de UGT en Canarias, Juan Jesús Arteaga y Gustavo Santana, criticó además el retroceso que en materia de investigación en el Archipiélago supondría ese cierre. "Este es el único centro de investigación no universitario con vocación regional", subrayó.

Mendoza defendió que el ITC es "un centro de investigación altamente competitivo a nivel internacional", algo que demuestra el hecho de que ha conseguido para diversos proyectos subvenciones europeas que ha tenido que disputarse con instituciones de otros países. Por ello, insistió en que, de consumarse los planes del Gobierno, se produciría en Canarias "un retroceso de dimensiones incalculables" en materia de investigación y desarrollo.