Coalición Canaria es partidaria de integrar el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) como alternativa para la continuidad de los proyectos y la plantilla de la empresa pública. Tanto el viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez, como el director de la Agencia, Juan Ruiz Alzola -ambos con sillón en el consejo de administración del Instituto- coinciden en que esta es la "solución" para el ITC y acusan a los sindicatos de haber impedido que se realizara cuando se tramitó la ley de la Aciisi en la anterior legislatura. El PSC, bajo cuya dirección política se encuentra el ITC, no está aún convencido de esta opción. La propuesta al fin y al cabo tiene tintes políticos: dejaría toda la política relativa a investigación y desarrollo (I+D+i) de la Comunidad Autónoma en manos de la parte nacionalista del Gobierno regional.

Sea como fuere urge una solución. El ITC adelgaza año tras año y sobre la mesa de su consejo de administración está el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 que reduce a 89 la actual plantilla del ITC. Es lo más acuciante. La consejera de Empleo e Industria, Francisca Luengo, adelantaba ayer en comisión parlamentaria que la "situación está en vías de solución" y se comprometió ante la oposición a que antes de que pase mucho tiempo enviará a la Cámara una propuesta al respecto.

Jorge Rodríguez fue consejero de Industria y después de Economía y Hacienda en la pasada legislatura y vivió de cerca el germen de los problemas financieros del ITC, el inicio de los planes de viabilidad de las empresas públicas y la decisión política de integrar el Instituto en la Agencia a través de la ley que iba a regular el organismo creado por el presidente Rivero cuando llegó al Gobierno en 2007. "La ley que convertía la Agencia y el ITC en una única entidad pública empresarial hubiese sido su salvación, se presentó en el Parlamento pero algunas personas fueron a hablar con los grupos parlamentarios porque no estaban de acuerdo con el proyecto y, como estábamos en minoría, no salió adelante. Después decayó cuando acabó la legislatura. Habrá que preguntarles a ellos los motivos".

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Juan Ruiz Alzola, defiende también su gestión en la anterior legislatura cuando se promovió la integración de las dos entidades. "Creo que hubiera sido muy bueno para el ITC y para su personal la integración en la Agencia con una negociación previa de sus condiciones laborales".

'Papa caliente' del PSC

Precisamente el único grupo político que presentó una enmienda a la totalidad de la ley fue el socialista, en aquel entonces en la oposición, mientras CC estaba en minoría tras la salida del PP del Gobierno. El hoy consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, firmó la enmienda en la que calificó la regulación que se proponía entre el ITC y la Agencia de "ambigua e incongruente" a la hora de integrar los medios personales del Instituto en la Aciisi, en caso de acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Ahora, tres años después, la única empresa pública bajo la órbita del PSC es el ITC, una verdadera papa caliente para los socialistas, que navegan entre dos frentes: los drásticos recortes a los que les somete la Consejería de Economía y Hacienda por la aplicación de los planes de viabilidad de las empresas públicas, por un lado, y la presión de los trabajadores, por otro, cuyo comité de empresa se muestra beligerante ante la tesitura de ver desaparecer el ITC y que la Agencia Canaria de Investigación, en manos de CC, se quede con el monopolio de las políticas de I+D+i.

El presidente del comité de empresa del ITC, Héctor Mendoza, admite que "no tiene sentido que no se integren" el Instituto Tecnológico y la Agencia pero "de una forma lógica y salvando los puestos de trabajo", por ello espera que la comisión creada por la Consejería de Industria para analizar la viabilidad del ITC estudie esta opción pero sin que suponga rebajar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Por su parte, fuentes de CCOO reconocen que la representación de los trabajadores se opuso al proyecto de ley de la Agencia porque diferenciaba las plantilla de ambos organismos y dejaba al Instituto Tecnológico sin convenio y al albur de lo que decidiera el órgano de dirección de la Agencia.

Sin embargo, la dificultad para sacar adelante esa ley es ahora la prohibición taxativa por parte del Estado a las comunidades autónomas de crear nuevas empresas ya que, al contrario, se exige una reducción del sector público. Madrid debería dar su permiso expreso.