Los planes de modernización para reformar el sector turístico de Canarias se salvan del recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Gobierno central contra la ley de renovación. Esta vía judicial emprendida no obstaculiza los convenios suscritos por el Ejecutivo regional con diez entidades financieras, dispuestas a conceder más de 1.825 millones de euros en créditos para quienes efectúen proyectos de reforma en sus complejos alojativos. De momento se han firmado 220 convenios con propietarios de hoteles, apartamentos y bungalós que han expresado su interés en rehabilitar.
Así lo explicó ayer el gerente de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), Rafael Castellano, que aclaró que tampoco "corren peligro" los 100 millones de euros del préstamo otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Gobierno canario, línea que persigue facilitar liquidez a autónomos y pymes y tiene como prioridad los planes de inversión encaminados a la mejora de los espacios turísticos.
Castellano precisó que el recurso tiene "nula incidencia" en las actuaciones ligadas a la renovación de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, el "principal objetivo" del Ejecutivo autonómico.
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