La petición de la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas se debatirá en el Congreso de los Diputados. Esta es la opción que se baraja en Moncloa ante el vacío legal existente sobre la petición acordada por el Gobierno canario y que fue aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento autonómico. También la Cámara Baja española tendrá que pronunciarse por mayoría absoluta sobre la propuesta que le traslade el presidente Mariano Rajoy, siempre y cuando no haya antes una decisión política de bloquear la petición sin que llegue al Parlamento nacional.

Representantes de La Moncloa estiman que la solicitud de la Comunidad Autónoma canaria forma parte de la regulación establecida en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades de referéndum. El precepto legal establece que "la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado". El artículo 6 de esta norma vincula las decisiones políticas de especial trascendencia a la previa autorización por parte del Congreso de los Diputados, a propuesta del jefe del Ejecutivo estatal.

Una vez que llegue oficialmente la petición canaria al Gobierno central, éste tiene dos opciones: hacer caso omiso de la petición por considerar que se trata de una consulta que no reúne los requisitos de la ley al tratarse de un asunto que no es de competencia autonómica, por un lado, o realizar el trámite de elevarlo al Congreso para que sea éste quien se pronuncie, por otro. Sin embargo, la mayoría absoluta de la que dispone el PP en la Cámara dará al traste con la solicitud del Gobierno canario tal y como han advertido los dirigentes populares de las Islas.

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