La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) señaló ayer que el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), que grava una larga lista de productos, provoca que el consumo resulte más caro en el Archipiélago que en la Península. Según detalló el presidente de la organización empresarial, Sebastián Grisaleña, el menor coste que supone pagar el impuesto indirecto canario (IGIC) frente al del continente (IVA) queda engullido y superado por el arbitrio, que, en su opinión, "no es para la protección [de la industria], sino, descaradamente, para recaudar".

El arbitrio nació para proteger la producción local. Se decidió gravar la importación de productos que también se elaboran en las Islas para igualar los precios de unos y otros. El pequeño tamaño del mercado canario provoca que los volúmenes de producción de la industria local sean mucho menores y, por tanto, el coste se incrementa.

Sin embargo, a juicio de Cecapyme, ese espíritu no es el que está moviendo al Gobierno de Canarias, que "hace un uso indebido [del arbitrio] y encarece la vida" de los ciudadanos isleños. Sebastián Grisaleña explicó que el verdadero motor del AIEM es el de recaudar "más de 130 millones de euros al año", lo que supone un total de "entre 1.400 y 1.500 millones que han salido de los bolsillos de los consumidores canarios, porque el Gobierno no dice que solo se paga en el Archipiélago", desde que el arbitrio entró en vigor en enero de 2002.

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