El Gobierno de Canarias rechazó ayer que la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas, sin estar vinculados a la rehabilitación de otros, sean una prioridad para Gran Canaria y no ve "motivos para una declaración de guerra" por el Cabildo de esta isla.
El Ejecutivo se posicionó así un día después de que los grupos parlamentarios que le apoyan, CC y PSC-PSOE, votaran en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por la corporación insular para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística. El objetivo no era otro que el de abrir la posibilidad de edificar complejos inferiores a cinco estrellas, vetados en la norma aprobada en mayo de 2013. Al término del pleno el miércoles, el presidente cabildicio, José Miguel Bravo de Laguna, alertó de un "choque de trenes" institucional.
Al vicepresidente regional, José Miguel Pérez, le resulta "curioso que los problemas de Gran Canaria se sustancian en esta ley, cuando tiene asuntos mucho más relevantes que afectan la interés general que éste". "Me gustaría que en todos los temas que afectan a la mayoría social se pudiera llegar no sólo a una movilización importante, sino a un grado de acuerdo muy grande", aseguró a LA PROVINCIA el secretario general del PSC-PSOE ayer en los pasillos de la Cámara.
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