El debate social y político sobre las prospecciones petrolíferas en distintos puntos marítimos junto a Canarias y en el Mediterráneo está cercando al Gobierno central y empezando a convertirse para él en un verdadero quebradero de cabeza. La contestación a la implantación de una industria del petróleo en zonas turística toma cuerpo a marchas forzadas y se ha consolidado ya a todos los efectos en las tres que están siendo afectadas por alguno de los proyectos en marcha. A la oposición expresada desde hace años en Canarias por las exploraciones de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura se suma ahora la que se está dejando notar con fuerza en Baleares y la Comunidad Valencia por las prospecciones autorizadas a otras compañías en el Mediterráneo. La particularidad en estos últimos casos es que se trata de una oposición que lidera el propio PP desde el gobierno de esas comunidades, que le han declarado la guerra al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Consciente del peligro que supondría la creación de un frente territorial antipetróleo, que podría convertirse en imparable, el Gobierno central está haciendo todo lo posible para aislar cada una de esta situaciones, separar los debates y hacer ver que se trata de proyectos diferentes. La obsesión del Ejecutivo, y en especial de los ministerios afectados -el de Industria, y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- es impedir que las tres regiones logren hacer causa común contra los sondeos. Y en ello están intentando arrastrar al PP de Baleares y al de la Comunidad Valenciana, para que, dentro de su estrategia de oposición a las prospecciones, al menos se desmarquen de la campaña de contestación que se lleva a cabo en Canarias.

En dirección opuesta va precisamente el Gobierno de Canarias y el resto de instituciones y colectivos ecologistas del Archipiélago que se oponen a las prospecciones, que tratan de hacer llegar hasta Madrid la idea de guerra total y de todos en estas tres regiones contra las exploraciones y en la que está jugando un papel destacado el presidente de Baleares, el popular José Ramón Bauzá. Así se lo trató de exponer el pasado martes el presidente de Canarias, Paulino Rivero, al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en la entrevista que ambos mantuvieron en La Moncloa. Rivero trató de convencer al líder del PP que "esto no es bueno para nadie y sólo trae problemas" y le reclamó que decretase una suspensión de las autorizaciones hasta obtener un "entendimiento" entre las partes, algo que, según él, Rajoy se mostró dispuesto a analizar.

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