El Consejo Consultivo duda de la necesidad de contar con una nueva ley sobre el territorio. El órgano encargado de velar por la legalidad de las normas autonómicas critica al Gobierno regional por introducir más confusión y contradicciones en el ya de por sí complejo panorama legal que regula la ordenación territorial, el turismo, el medio ambiente y el urbanismo de las Islas. La ley de armonización y simplificación que ya se tramita en el Parlamento, y que nace como respuesta a las quejas empresariales por la maraña burocrática que bloquea las inversiones en las Islas, eleva a siete el número de leyes territoriales. Ante ello, el Consultivo pregunta al legislador "si la ley que se promueve es necesaria" y plantea buscar alternativas como la correcta aplicación de las normas en vigor.

Las leyes urbanísticas canarias siguen cosechando informes demoledores de los órganos consultivos. Ya el Consejo Económico y Social (CES) en 2012 fue crítico y se mostró contundente con el Ejecutivo sobre las dudas que plantea la norma que impulsa el consejero Domingo Berriel. Dos años más tarde el Consejo Consultivo no sólo mantiene este argumento sino que en su informe, aprobado en marzo, cuestiona la mayoría de los preceptos de la ley y acusa incluso al Ejecutivo de intentar cambiar el modelo de planeamiento y de intentar "privatizar" la ordenación territorial.

El Gobierno lanza esta nueva ley con el argumento de armonizar la legislación urbanística de las Islas y de simplificar los procedimientos para agilizar el planeamiento territorial. Sin embargo, el Consultivo considera que se puede crear el efecto contrario porque no ofrece un marco normativo sencillo, claro y poco disperso sino, al contrario, introduce nuevos conceptos y reglas en una modificación parcial que genera "multitud de contradicciones y hasta antinomias" sin derogar las leyes anteriores, que permanecen inalteradas.

El Consultivo también arremete contra una disposición del proyecto de ley que faculta al Gobierno para que, en el plazo de un año, apruebe un texto refundido de las normas vigentes sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

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