El Gobierno de Canarias detalló este martes cómo recabará la opinión de los ciudadanos sobre los sondeos petrolíferos, una consulta que "formalmente nada tiene que ver con un referéndum", pero que permitirá que todos los empadronados en las islas se pronuncien de forma "perfectamente legal" de modo presencial o telemático antes de que fin de año.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, explicó en rueda de prensa que ante la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de convocatoria de un referéndum en las islas sobre las prospecciones en aguas próximas al archipiélago, el ejecutivo canario sigue adelante en su propósito de consultar mediante una pregunta directa a los ciudadanos, siempre dentro de la legalidad.
Para ello, están en trámite dos decretos de desarrollo de la Ley de participación ciudadana de Canarias de 2010, uno de ellos por el que se crea un registro de inscripción de entidades para la participación ciudadana y otro que establece de forma general los requisitos, mecanismos y herramientas de las convocatorias de consulta.
Los decretos estarán definitivamente aprobados hacia octubre, tras lo cual el Gobierno de Canarias podrá convocar la consulta sobre las prospecciones mediante otro decreto del presidente, de modo que se calcula que antes de fin de año pueda celebrarse.
La pregunta de la consulta no será directamente sobre las prospecciones petrolíferas, porque legalmente sólo puede ser sobre asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
Pero Hernández Spínola aclaró que se formulará la pregunta de tal modo que quede clara la opinión ciudadana sobre el contencioso, y apuntó que asuntos como el turismo y el medioambiente sí son de titularidad autonómica.
En la consulta podrán participar tanto personas jurídicas (que antes deben inscribirse en el registro de participación ciudadana), como personas físicas.
A falta de censo, como ocurriría en un referéndum o en unas elecciones, podrán expresar su opinión todos los mayores de 18 años que estén empadronados en municipios canarios, sean españoles o extranjeros legalmente residentes, así como nacionales que vivan en el extranjero y que tuvieran su última residencia en las islas.
La participación podrá ser presencial en el día que se determine, y probablemente en fechas diferentes se podrá participar de forma telemática, en cuyo caso será necesario inscribirse previamente en el registro de participación ciudadana.
Habrá recuentos separados y resultados diferenciados para las personas físicas y para las personas jurídicas.
La consulta presencial se realizará en establecimientos de titularidad pública y estará controlada por personal de la administración autonómica.
La opinión se expresará en un formulario que se depositará en una urna para garantizar el secreto.
Habrá una comisión de control que resuelva posible reclamaciones e interpretaciones, formada por tres funcionarios titulados superiores y tres representantes de entidades ciudadanas elegidas por sorteo.
El Gobierno de Canarias no dispone de un cálculo sobre lo que costará esta consulta, si bien Hernández Spínola adelantó que habrá una campaña institucional y que empleará todos los medios a su alcance para que participe el máximo número de personas.
Tampoco aclaró el consejero cuál es el umbral mínimo de participación que el Gobierno de Canarias considera relevante para que el resultado pueda ser considerado como significativo.
Hernández Spínola admitió que el Gobierno de España puede recurrir ante el Tribunal Constitucional este proceso de consulta, pero se mostró convencido de que si lo hace el resultado será negativo, porque es todo completamente legal.
Aunque el resultado de la consulta no sea vinculante, "tendrá efectos políticos" y será difícil que la opinión de los ciudadanos no sea tenida en cuenta y que no se paralicen las prospecciones si esta es negativa, dijo Hernández Spínola.
Por su parte, el Gobierno de Canarias asumirá como vinculante el resultado, cualquiera que sea.
