El Ministerio de Industria, Energía y Turismo intercambia información con el de Hacienda para determinar el encaje legal del impuesto que gravaría la extracción de petróleo y gas en las cercanías de Canarias. Así lo confirmaron ayer los secretarios de Estado y el subsecretario del departamento ministerial que dirige José Manuel Soria en un encuentro que mantuvieron en Madrid con directores de medios de comunicación. Repsol siempre ha declarado que, en caso de que se confirme la existencia de hidrocarburos en la zona del Atlántico cercana a Canarias, no será sino hasta el año 2020 cuando los pozos arrojen la primera gota comercializable. En el ministerio, incluso desplazan esa fecha a 2021.

El pasado lunes, durante su intervención en el Foro Económico de Editorial Prensa Ibérica, el ministro Soria cifró entre 300 y 400 millones de euros anuales la cantidad de dinero que podría ir a parar a las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias y el resto de administraciones de las Islas en caso de que se explote un hipotético yacimiento de hidrocarburos en la zona en que Repsol prevé sondear este mismo año.

José Manuel Soria sacó a escena el modelo italiano que, según sus palabras, grava con un 8% la actividad extractiva. Fuentes del ministerio explicaron que la totalidad de la recaudación proveniente de dicho impuesto no se quedaría en las Islas, sino solo el 60%, mientras que el 40% restante engrosaría las cuentas estatales.

Tanto en Industria como en Hacienda son conscientes de que cuentan con tiempo más que suficiente para crear el tributo e, incluso, que existe un 80% de probabilidades de que no sea necesario. El 20% restante es la posibilidad de éxito que se concede Repsol para encontrar crudo y gas.

La creación de un impuesto para compensar a los territorios en los que se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos se habilitó por la aprobación de una propuesta de resolución tras el Debate sobre el Estado de la Nación de 2013.