El Ministerio de Industria, dirigido por José Manuel Soria, ha dado la autorización definitiva a Repsol para la ejecución de los sondeos petrolíferos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. De esta forma, se da luz verde a un largo y complicado proceso que dura ya trece años desde que, en diciembre de 2001, el Consejo de Ministros le concediera a la petrolera presidida por Antonio Brufau los permisos para investigar la existencia de hidrocarburos frente a las costas de ambas Islas. La resolución que da el visto bueno definitivo a los sondeos- al que ha tenido acceso LA PROVINCIA- tiene fecha del pasado lunes, 11 de agosto, y está suscrita por el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas. En estos días, Soria se encuentra de vacaciones en Lanzarote.
El borrador de esta resolución fue remitido a mediados de julio a las partes personadas en contra de las prospecciones, como el Gobierno de Canarias y los cabildos, pero el texto queda prácticamente igual pese a las alegaciones. Además, se hace constar en el documento que "la presente resolución ha sido informada por Abogacía del Estado con fecha de agosto de 2011".
La resolución es un documento de 18 páginas en donde se resume todo el proceso de tramitación del expediente y se incluyen los nombres, con fechas, de los documentos aportados por la operadora después de que se cerrara el periodo de exposición pública del proceso, así como los informes relacionados con los requisitos y condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada el 29 de mayo.
Desde el Ministerio siempre se ha apoyado la realización de los sondeos para conocer si hay o no petróleo y tanto Soria como el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, ambos canarios, han defendido la transparencia y rigurosidad del procedimiento.
Recurso de alzada
Por su parte, el Gobierno canario y los cabildos aseguran que existe un gran volumen de información nueva que obligaría a abrir otro periodo de información pública. En cualquier caso, la resolución establece que "cabe interponer un recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". El Gobierno de Paulino Rivero ya anunció al conocer el borrador de esta resolución que presentará el recurso contra la decisión del Ministerio.
Industria autoriza en este documento los sondeos exploratorios en las cuadrículas conocidas como Chirimoya, Sandía y Zanahoria, condicionada esta última al resultado de los dos primeros, a una profundidad final estimada de 3.000, 3.170 y 6.900 metros, respectivamente. La unidad de perforación es Rowan Reaissance, un barco de última generación con capacidad para hacer sondeos de hasta 12.000 metros de profundidad.
La Dirección General de Política Energética y Minas resuelve autorizar las prospecciones a Repsol bajo catorce condiciones, varias de ellas relativas a la seguridad y prevención y control de riesgos medioambientales. Se deja claro que "en ningún caso son nulos" los riesgos inherentes a cualquier proyecto de este tipo y "la responsabilidad" de su ejecución y el adecuado control es de Repsol.
Análisis de riesgos graves
Esta empresa tuvo que presentar a instancias de la Dirección General en el procedimiento para dar luz verde a las autorizaciones numerosa documentación adicional. Entre ella, un sistema de monitorización de la sismicidad de la zona durante la realización del sondeo, el análisis de riesgos graves asociados al proyecto, un programa de verificación por un tercero independiente, esquemas de coordinación en caso de emergencia, un plan de control de pozos, un plan de restitución económica y ambiental del proyecto, así como documentación en materia de seguridad y salud laboral que se aplicará.
Cabe recordar que el informe de Medio Ambiente recoge que en el peor de los escenarios las costas de Fuerteventura serían las más perjudicadas por un derrame de crudo, si no se adoptasen los planes de contingencia por parte de Repsol. Los cálculos estiman el vertido en unos 28.000 litros de petróleo diarios, casi el 6% del total.
Entre las condiciones a Repsol, que tiene previsto comenzar los sondeos a finales de octubre principios de noviembre, se establece que la operadora tendrá que constituir un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales daños o bienes en el desarrollo de las actividades de ejecución de los sondeos, por una cuantía mínima de 40 millones de euros, y tendrá que realizar una garantía financiera de 20 millones destinada específicamente a cubrir sus responsabilidades medioambientales.
La vigencia de la autorización es de tres años contados a partir de su publicación en el BOE. Repsol deberá cumplir todas las garantías que se exigen en la DIA y, en caso de daño a las personas, los bienes o el medioambiente por los sondeos "detendrá inmediatamente las operaciones". Además, en la resolución se exige la adopción de las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud de las personas, seguridad de las instalaciones y protección de medioambiente.
Repsol deberá tomar "toda clase de precauciones en prevención de daños o riesgos" que, como consecuencia de las operaciones, "puedan afectar a la seguridad de vidas humanas, reservas naturales, costas, lugares de interés turístico e instalaciones públicas".
El Ministerio considera de obligado el plan de verificación del diseño y ejecución del pozo por una entidad independiente y que se realicen las comprobaciones y pruebas pertinentes para garantizar la integridad del sondeo, así como que su abandono temporal o definitivo se ejecuta de acuerdo a estándares exigibles, especialmente en relación con los requerimientos de las profundidades y comprobación de las barreras.
Repsol deberá comunicar con una semana de antelación las fechas de inicio y fin de los sondeos. De otro lado, se indica expresamente que la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas y la dirección General del Ministerio podrán inspeccionar todos los trabajos de los sondeos.
Industria exige a la operadora un sistema de sismicidad durante la realización de las prospecciones, y se considera necesario la instalación de al menos un sistema de aceleración en Lanzarote y otro en Fuerteventura.
Para activar un protocolo, se fija el radio de referencia alrededor del sondeo con respecto a la situación del epicentro de un eventual sismo a 20 kilómetros. En caso de que haya una sismicidad superior a 4,5 y con el epicentro en un radio de 75 kilómetros se pararán los pinchazos.
