No han pasado tres meses desde la última comunicación al Parlamento de Canarias sobre los sondeos autorizados por Madrid a Repsol y de nuevo el Ejecutivo acude hoy a la Cámara regional para que esta "oriente" su "acción política". El Gobierno busca el respaldo mayoritario de los diputados regionales a la solución hallada para celebrar una consulta popular sobre las prospecciones y, además, un refuerzo para la estrategia judicial seguida tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio por buena la decisión del Consejo de Ministros de reactivar los permisos para buscar hidrocarburos y la decisión de Industria de otorgar la definitiva autorización a las prospecciones.

El Ejecutivo canario llegó a la sesión del pasado mes de junio exhibiendo el agravio de una declaración de impacto ambiental positiva, a su juicio "irregular" y, además, otorgada en la víspera del Día de Canarias. A eso, sumó el aval de la notable respuesta que tuvo en las calles de las Islas el llamamiento de diversas organizaciones sociales a protestar contra los sondeos.

La ausencia de respuesta por parte del presidente español, Mariano Rajoy, a la solicitud de permiso para la realización de un referéndum en las Islas sobre la materia, provocó que la Cámara instara al Ejecutivo a dar forma a una consulta popular.

En ello anda el Ejecutivo canario. Precisamente hoy por la tarde, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, pondrá sobre la mesa del Consejo de Gobierno el segundo decreto necesario para conocer la opinión de los ciudadanos canarios en una consulta.

Al Consejo Consultivo

El Ejecutivo elevará ese texto que recoge todos los detalles de la cita al Consejo Consultivo, que contará con quince días para emitir su dictamen. Este órgano dispone habitualmente de un mes de plazo para pronunciarse. Sin embargo, la declaración de urgencia del proceso por parte del Gobierno reduce los tiempos a la mitad.

En la comunicación remitida al Parlamento, el Gobierno de Canarias expone el incidente de nulidad presentado ante el TS, basado en el voto particular sostenido por dos de los cinco magistrados. El alto tribunal ya tramita dicha iniciativa judicial y en caso de que su respuesta sea negativa cabrá recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

En cambio, una decisión positiva supondría la elevación de la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que en el voto particular, los magistrados discrepantes señalaron que no cabía adoptar una resolución si antes no se consultaba a la Justicia de la UE.

El primero en intervenir hoy será Paulino Rivero, al que seguirán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. El presidente de la bancada nacionalista, José Miguel Ruano; el portavoz de los socialistas, Manuel Fajardo; el portavoz del grupo Mixto, Román Rodríguez, y un interviniente a determinar por los populares.

El PP mantenía ayer un absoluto secretismo sobre quién será la persona que defienda sus tesis en la sesión de hoy. En anteriores ocasiones, cuando se trata de restar valor a la labor desarrollada por el Gobierno regional, el elegido ha sido Miguel Cabrera Pérez Camacho.

Rivero no contestará uno por uno a los intervinientes, sino que optará por dar una respuesta en bloque antes del receso en el que se tramitarán las propuestas de resolución que presenten los grupos.

Aun habiéndose acortado los plazos, la consulta popular no podrá realizarse antes de los últimos días de octubre. Puede incluso llegar tarde, ya que Repsol enmarca la realización de los sondeos en el último trimestre de este año. La petrolera, que ayer dio salida a una campaña publicitaria televisiva con protagonistas de las Islas, demorará el inicio de las prospecciones, sin desplazarlas de esos tres últimos meses del año, si las que realiza ahora mismo en Angola finalizan con éxito.