El Gobierno de Canarias ha decidido trasladar al Parlamento regional el protagonismo en la definición final de las futuras leyes de cabildos y de ayuntamientos, con el objetivo de obtener un apoyo unánime a esas normativas, que ya cuentan con el respaldo de las administraciones insulares y locales.
Para conseguir el consenso parlamentario, el Gobierno de Canarias ha renunciado a presentar un proyecto de ley y ha preferido remitir al Parlamento de Canarias una comunicación con los borradores de las dos leyes como textos articulados adjuntos, de modo que la cámara los tramite como proposiciones de ley conjuntas de todos los grupos.
El consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, indicó que aspira a que el consenso permita que las futuras leyes de cabildos y de municipios entren en vigor antes del final de la legislatura, pues en mandatos pasados todos los intentos fracasaron por falta de acuerdo y de voluntad política.
Las propuestas remitidas por el Gobierno dan un plazo de un año para fijar un nuevo sistema de financiación de las competencias insulares y locales, ya que no se pueden abordar cambios en tanto no se clarifique cuál va a ser el futuro modelo de financiación autonómica en el Estado, aclaró Hernández Spínola.
Los textos que propone el Gobierno de Canarias al Parlamento autonómico en su comunicación han sido acordados con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y por tanto no debería haber grandes problemas para una unanimidad parlamentaria respecto a los mismos, aunque se puedan introducir enmiendas, dijo el consejero.
El borrador de la ley de cabildos cuenta con 146 artículos y el de la ley de municipios de 136, y en esta última se ha introducido como novedad un régimen especial para la isla de La Graciosa, en Lanzarote, que, aunque seguirá dentro del ayuntamientos de Teguise, pasará a contar con un ente que permitirá una gestión descentralizada.
Hernández Spínola aseguró que ambas leyes, cuya negociación con cabildos y ayuntamientos se ha llevado con "discreción" para facilitar el acuerdo, detallan las funciones de cada administración en la gestión de las competencias, con lo cual se evitan duplicidades.
La ley de municipios propuesta defiende la autonomía local, completa la ley básica estatal y regula no sólo a los ayuntamientos, sino el sector público local en su conjunto, incluidas empresas públicas, fundaciones, consorcios y mancomunidades.
La modernización de la administración con las nuevas tecnologías, la transparencia y la participación ciudadana son otras novedades de esta normativa, que soluciona los problemas generados por la ley de administraciones locales estatal, dijo el consejero.
En cuanto al borrador de la ley de cabildos, que se refuerzan como instituciones de la Comunidad Autónoma, se incrementan las competencias mediante transferencias, delegaciones o leyes sectoriales y se incide en los mismos principios de participación ciudadana y transparencia.
La comunicación del Gobierno, que podría ser debatida inicialmente en el Parlamento a finales de septiembre o primeros de octubre, pretende facilitar que estas normas sean de todos, del ejecutivo, de los cabildos, de los ayuntamientos y del Parlamento, subrayó Hernández Spínola. EFE
