El Boletín Oficial de Canarias publica este miércoles un decreto por el que se crea un fichero de datos de carácter personal denominado "Consultas a la ciudadanía", que tiene, entre otros objetivos, evitar que una misma persona pueda emitir su opinión más de una vez en las consultas a la ciudadanía o en las estadísticas de participación.
El decreto del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se publica una vez que el ejecutivo ha convocado para el 23 de noviembre una consulta sobre las prospecciones petrolíferas.
Según el decreto, las personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos son la ciudadanía canaria, y se entiende por ella a las personas físicas y jurídicas.
El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales será el órgano del Gobierno de Canarias encargado de este fichero, que recogerá los datos de manera presencial en el momento de emitir la opinión o mediante un formulario electrónico.
En el decreto también se señala que los datos que se incluirán en el fichero son el NIF o el NIE de la persona o del representante legal de la entidad ciudadana que ha emitido su opinión y el sistema de tratamiento de los datos es automatizado.
Añade que no se preven las comunicaciones de datos ni las transferencias de los mismos a terceros países.
Según el texto publicado, se creará una comisión de control que regulará los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y respecto a las medidas de seguridad, que pueden ser de nivel básico, medio o alto, el decreto indica que será de nivel bajo.
El Gobierno de Canarias argumenta que la ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y el reglamento que la desarrolla, establece medidas para garantizar y proteger, en lo relativo al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y, especialmente, de su honor e intimidad personal y familiar.
Añade que esta ley dispone de un Registro General de Protección de Datos, en el que deben inscribirse los ficheros de los que sean titulares las administraciones públicas.
También alude al decreto que regula los ficheros de datos de carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las condiciones de seguridad que deben cumplir, entre otras materias.
De esta forma, agrega el Gobierno de Canarias, se garantiza a los titulares de los datos el ejercicio de sus derechos y los principios constitucionales de seguridad jurídica y protección de la intimidad. EFE
