La empresa Fitonovo, con sede en Arucas, eje de la operación Enredadera que dirige la jueza Mercedes Alaya desde Sevilla, ha logrado cinco contratos públicos con instituciones de Gran Canaria en los últimos años, tres con el Cabildo y dos con el Ayuntamiento de la capital. De todas esas concesiones administrativas solo ha podido conservar dos, el mantenimiento de las zonas verdes de la Autovía del Norte y de la Variante de Tafira, pero está a punto de perderlas por no poder cumplir con las condiciones que le exige el Cabildo.

El nuevo escándalo de corrupción por presuntas irregularidades en la obtención de contratos públicos, que de momento ha llevado a la detención e imputación del delegado de Fitonovo en la Isla, A. T. G., deja a la empresa y a sus 45 trabajadores al borde del cierre. Los empleados acumulan retrasos salariales desde el mes de mayo de 2013 y en los próximos días podrían ver cómo el Cabildo rescinde los servicios que prestan en la conservación de las zonas verdes de las carreteras del Norte y de Tafira.

El presidente del gobierno insular, José Miguel Bravo de Laguna, declaró ayer que el Cabildo le adjudicó tres contratos para el mantenimiento de la red viaria insular, las dos anteriormente citados y el de un tramo de la Autopista del Sur, concretamente el del municipio de San Bartolomé de Tirajana. El primer problema con Fitonovo surgió en la autopista sureña, pues sus "incumplimientos" en el riego de los márgenes de la carretera provocó la pérdida de miles de palmeras, se calcula que más de 3.000 ejemplares, y demás plantas autóctonas.

Ante esa situación, explicó Bravo de Laguna, el Cabildo retomó la concesión administrativa y se la cedió "desde hace ya varios meses" a otra empresa, que se ha hecho cargo desde entonces de la recuperación de esas zonas verdes. Según fuentes empresariales, Fitonovo no pudo mantener el servicio de regadío de la Autopista del Sur porque al presentarse al concurso público no calculó el precio del agua, que hasta ese momento era cedida de forma casi gratuita por la empresa Elmasa, que incluso se llegó a hacer cargo del riego de las palmeras ante la desidia de las instituciones.

Los contratos para el cuidado de los jardines de la Autovía del Norte y de la Variante de Tafira se adjudicaron por concurso público abierto a finales del año 2012, el primero por un montante de 3.221.000 euros y el segundo por 2.776.000 euros. La concesión es por cuatro años, prorrogable a otros dos, pero la Consejería de Obras Públicas del Cabildo ha iniciado los trámites para ceder esos servicios a una tercera empresa.

Las relaciones entre el Cabildo y Fitonovo se complicaron aún más tras la primera intervención judicial de empresa en Sevilla y el posterior concurso de acreedores, según relató Bravo de Laguna a las pocas horas de iniciarse la operación de la Guardia Civil contra el principal directivo de la empresa en la Isla.

Denuncias

"Ha habido bastantes denuncias y reiterados requerimientos por incumplimientos de los contratos; el Cabildo anunció la denuncia y resolución del contrato con Fitonovo porque pasaba por una serie de dificultades y no podía atender sus compromisos. En el Sur se le quitó el servicio y en Norte y en Tafira estamos en el trámite para cederlo a otras empresas", manifestó Bravo de Laguna, quien recordó que los trabajadores de la empresa se han manifestado a las puertas de la Casa Palacio de la calle Bravo Murillo para protestar por el impago de sus salarios.

Los dos contratos de Fitonovo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siguen en vigor y corresponden al mantenimiento de los centros educativos municipales y de las instalaciones deportivas, pero la empresa, tras sus primeros problemas judiciales en Sevilla, vendió su parte a Pérez Moreno y Lem Infraestructuras, sus socios en la UTE que ganó que ganó el concurso. Esa venta se realizó con el consentimiento de la jueza Alaya y de los administradores concursales.

Los servicios de Fitonovo en los colegios y canchas deportivas del Ayuntamiento capitalino también generaron problemas. El sindicato USO acusó a esa UTE de cometer un fraude en el cobro de las obras realizadas en los centros educativos, supuestamente inflando las facturas de los materiales que se utilizaron en las obras de reparación o atribuyéndose trabajos que no se habían realizado. Esa central sindical también denunció a la empresa por incumplir la normativa de seguridad laboral y pidió una investigación de a la Inspección del Trabajo.