Muchos expedientes de expulsión no culminan con éxito. ¿Falla el sistema?
No lo creo. Esos datos los obtenemos de la policía, que es la que ejecuta la expulsión. Cada uno hace su trabajo. A veces no cabe la expulsión porque no se puede documentar a esa persona o el país no la acepta como nacional suyo.
Hay una fórmula para sustituir la pena de cárcel por la expulsión. ¿Cómo funciona?
Se puede hacer en la sentencia o en su ejecución si la pena es inferior a los seis años de cárcel, pero también la fiscalía, cuando la persona ha cumplido las tres cuartas de la condena o ha obtenido el tercer grado, incoa un expediente para examinar sus circunstancias e insta su expulsión si concurren los requisitos del Código Penal. Lo pusimos en marcha hace dos años y funciona. Esa posibilidad estaba, pero no se aplicó hasta que empezamos a coordinarnos con el fiscal Vigilancia Penitenciaria para revisar los casos de las personas en situación irregular en España.
¿Pero aceptan la expulsión?
Siempre se le da audiencia al extranjero. Hay veces que aceptan, pero mayoritariamente se suelen negar. En estos casos hay que estudiar las circunstancias personales. El fiscal insta la expulsión si no tiene arraigo en España. Siempre hay que oírlo, pero se le puede expulsar sin su consentimiento. El tribunal es el que finalmente resuelve y luego hay posibilidad de recurso.
¿La expulsión es la manera adecuada de afrontar el problema de la inmigración?
La expulsión no resuelve ese problema. Sólo se resuelven los casos más graves, es decir, los de extranjeros que están en situación irregular y cometen delitos. Se les expulsa porque no aceptan las normas de convivencia españolas, por motivos de política criminal del Estado, pero no viene a resolver el problema migratorio.
¿Qué piensa desde un punto de vista más social?
Todas las expulsiones, sean judiciales o administrativas, hay que estudiarlas desde un punto de vista social, hay que estudiar la situación de la persona para valorar el arraigo y eso no viene definido en ningún sitio. O tienes familia o lazos fuertes con España por el tiempo que llevas aquí. Cuando se han cometido delitos, es más fácil decidir. En cambio, cuando el extranjero no tiene sentencia y está sancionado con la expulsión por la Administración, el fiscal no tiene mucho margen para valorar, porque el problema social lo tiene el órgano administrativo. Sí se plantea en el momento del internamiento en el centro de extranjeros, porque no han cometido delito y te presentan un recurso de libertad. Ahí si hay que valorar si situación.
¿Qué falló en el caso de los inmigrantes retenidos en Maspalomas por miedo al ébola?
La coordinación entre las administraciones y los protocolos que deben aplicar.
¿Pero Canarias tiene cierta experiencia en inmigración como para trasladar a los inmigrantes en un camión?
En inmigración sí hay experiencia, pero no en el motivo por el que fallaron los protocolos, que fue por el miedo ante un posible caso de ébola. Hay protocolos, pero nunca se habían puesto en práctica.
¿En qué situación están esas personas?
Están en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital grancanaria, a la espera de ser expulsados, aunque si no se logra documentarlos o sus países no los admiten, habrá que ponerlos inmediatamente en libertad.
¿La función del CIE es garantizar la expulsión?
Su función es asegurar la ejecución de la expulsión. Son personas internadas que no han cometido delitos, pero también pueden haberlo hecho. En ese caso están ahí porque hay un apartado del Código Penal que lo permite. Es un tótum revolútum. En eso si que no estoy de acuerdo, aunque la legislación lo permite. No se puede mezclar a personas pendientes de expulsión que no han cometido delito con las que si lo han hecho. No es lo normal. En Las Palmas no hay ningún caso de ese tipo.
¿Existen deficiencias en ese CIE de Las Palmas?
Sí, de tipo social. Lo digo todos los años: las personas que están allí se pasan 60 días sin ningún tipo de asistencia social. Está previsto en el reglamento, pero por problemas presupuestarios se incumple todo lo que el reglamento dice en ese sentido. Necesitan asistencia social para que les expliquen la situación en la que se encuentran.
¿El centro reúne las condiciones adecuadas?
El CIE de Las Palmas está bastante bien gestionado. A pesar de las limitaciones que tiene el edificio, se intenta cumplir con todo lo que recoge el reglamento. No tenemos problemas. Lo único es la falta de asistencia social o de actividades para ocupar el tiempo. Sólo son 60 días, pero lo pasan en sus habitaciones o en el pequeño patio que hay. Lo mínimo es que puedan hacer algo.
¿Se cumplen esos plazos de estancia?
Si en 60 días no te puede expulsar, te tienen que dejar libre. Normalmente se hace mucho antes.
¿Está de acuerdo con que el ministerio deniegue la visita al CIE de Las Palmas en las jornadas sobre inmigración que se organizan en la Isla?
Son decisiones gubernativas, competencia de la administración.
¿Es suficiente inspeccionar los CIE una vez al año?
Las inspecciones se tendrían que hacer con mayor asiduidad. Una cada tres meses o una cada cuatro meses, pero no damos abasto. Con el trabajo que tenemos es imposible cumplir con ese calendario. En cualquier caso, aunque se vaya con más frecuencia, eso no implica una mejoría de las cosas. Ya existe una comunicación diaria con el CIE. Todos los días recibo dos informes de lo que ocurre.
¿Cuáles son las incidencias?
Normalmente la necesidad de separar internos y las huelgas de hambre para intentar parar la expulsión. Cuando esto ocurre te lo comunican de forma inmediata.
Un asunto controvertido es determinar la edad de los menores. El año pasado hubo un caso que enfrentó a la juez de garantías, a la Fiscalía de Extranjería y a la Delegación del Gobierno. ¿Qué pasó con ese menor?
Después de ese incidente se replantearon los criterios para determinar la edad de los menores y se ha completado la línea seguida por la Fiscalía. Nos reuniones con las administraciones que intervienen en la determinación de la edad, que es una competencia del fiscal. De eso nació un nuevo protocolo. Ahora, cuando llega una persona totalmente indocumentada sobre la que existen dudas sobre su mayoría de edad, se ordena su ingreso en un centro de menores para extranjeros y se hacen dos pruebas objetivas: una radiografía de la muñeca y una ortopantomografía de la boca. Luego se envían a los médicos forenses para que éstos examinen al menor conforme a esas pruebas y emitan un informe, al tiempo que se le asiste con un intérprete y presta consentimiento informado. Finalmente la Fiscalía emite el decreto con la determinación de edad, que se notifica a la Policía Nacional para que lo inscribe en un registro de menores extranjeros no acompañados. En Las Palmas veníamos aplicando el criterio establecido ahora por el Tribunal Supremo, que prima al pasaporte sobre cualquier otra prueba para determinar la edad.
¿Y el menor?
Su expulsión se paralizó porque se decía que estábamos ante un menor de edad, pero apareció un pasaporte y una carta de identidad que indicaban lo contrario. Entonces se ordenó su salida del centro, la policía lo detuvo y se le tomó declaración por falsedad, pues había presentando una partida de nacimiento falsa. Él mismo reconoció que era mayor de edad. Por eso se le expulsó a Marruecos.
¿Por qué se suelen archivar las investigaciones por trata de seres humanos?
Son investigaciones muy complejas que se archivan y luego se reabren. Tienen una vertiente internacional porque la captación suele estar en países extranjeros. La cooperación internacional lleva su tiempo. A veces sabemos que existe ese delito, pero no lo podemos objetivar para sentar a una persona en el banquillo.
¿No colaboran las víctimas?
Suelen hacerlo, pero no me gusta que todo el procedimiento quede en manos de la declaración de una víctima, pues suelen tener un miedo atroz y pueden mentir. La protección de nuestra ley es bastante básica, por no decir nula. No tenemos un buen sistema de protección de las víctimas. No es esa protección absoluta que vemos en las películas norteamericanas.
¿Existen mafias de esas aquí?
Depende de lo que entendamos por mafia, pero en Canarias si existe la trata de seres humanos. Las Islas son un punto importante porque uno de los efectos perniciosos del turismo es la prostitución. En todos los lugares turísticos existe prostitución. Es un negocio que genera mucho dinero. Hay mujeres que la ejercen voluntariamente, pero también vienen engañadas.
¿De qué países?
La trata la distingo por regiones. Ahora tenemos más casos de Europa del Este, que está en auge. Antes ocurrió con Sudamérica. También Asia, que son los casos más difíciles de investigar porque los asiáticos son muy herméticos. También hay mafias especializadas en la mendicidad y la explotación laboral. Aquí se dan menos casos, pero los hay.
