La trama de corrupción que investiga la juez Mercedes Alaya participaba en la elaboración de los pliegos de los concursos públicos que luego ganaba, según se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que pone como ejemplo de estas prácticas ilegales una adjudicación del Cabildo de El Hierro para la conservación del túnel de Los Roquillos.

Uno de los documentos requisados a los directivos de Fitonovo incluye apuntes sobre un contrato del año 2012 con el Cabildo herreño, por valor de 342.000 euros, en el que se dice textualmente que "se ha ayudado a confeccionar los pliegos". También se dan detalles de las negociaciones entre las tres empresas que formaron la UTE para concurrir a ese concurso, entre ellas Fitonovo, y un comentario sobre los erupciones frente a las costas de La Restinga. "El tema del volcán tiene todo parado", señala la documentación intervenida por la Guardia Civil.

Tras las imputaciones de políticos, altos cargos y funcionarios del Gobierno de Canarias y de los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, un informe del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO implica también al Cabildo de El Hierro en la presunta red creada por los representantes de Fitonovo para amañar los concursos públicos.

La Guardia Civil, en el informe que explica el modus operandi de la presunta trama de corrupción, afirma que uno de los métodos para conseguir la adjudicación de obras es "obtener información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas, ya sea porque se las facilitan antes de su publicación o porque intervienen en su elaboración".

Evidencias

Esa información privilegiada, sostiene la UCO, procedería de los funcionarios "en nómina" que tenía Fitonovo, quienes prevenían a la empresa de la próxima salida del procedimiento y de las condiciones de la misma. En otros casos, y cita expresamente el contrato de conservación del túnel de Los Roquillos, "se han encontrado pruebas de que la misma empresa elaboraba o colaboraba en la elaboración de los pliegos".

El informe, que figura en el tomo número 13 del sumario del caso Enredadera, asegura que "existen también evidencias de que los funcionarios que colaboraban con la organización facilitaban a Fitonovo información de otras empresas, que no debería estar en su poder y que los colocaría en una mejor posición en eventuales procedimientos públicos de contratación".

Aparte de los presuntos amaños en los pliegos de condiciones, donde se necesita la colaboración de funcionarios públicos, la red corrupta que investiga la juez Alaya utilizaba otros sistemas para obtener las adjudicaciones, como "elaborar ofertas deliberadamente falsas y sin voluntad de cumplirlas".

"En los procedimientos de contratación abiertos", añade el informe de la UCO, "otra forma de condicionar la adjudicación en su favor consiste en actuar en connivencia con los funcionarios que tienen que valorar las ofertas o de sus superiores, logrando que la oferta de Fitonovo sea la más favorecida en aquellos criterios de valoración que son subjetivos y que dependen de la apreciación subjetiva del funcionario".

Otra artimañas utilizada por los directivos de Fitonovo consistía en la falsificación de las certificaciones de obras, "facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real para de ese modo obtener un beneficio ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario". La Guardia Civil también cita "la alteración de precios en las subastas públicas" y "la articulación de UTE falsas o uso de empresas pantalla".

Las investigaciones del Juzgado de Instrucción Número Seis de Sevilla sobre las actividades de Fitonovo en el Archipiélago canario condujeron a la detención e imputación del delegado de la empresa en las Islas, Adolfo de la Torre, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos.

Ese mismo día, el 11 de noviembre de 2014, fue arrestado e imputado Sergio Machín, exconsejero de Obras Públicas y actual portavoz de CC en el Cabildo de Lanzarote, acusado de cobrar "al menos dos comisiones, una el 25 de octubre de 2004 por importe de 6.000 euros y otra el 9 de diciembre por valor de 18.000 euros".

También ha sido imputado Ulises Pérez González, coordinador de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria entre los años 2003 y 2007, al que la juez Alaya identifica como uno de los dos funcionarios de esa institución que recibieron comisiones por facilitar las adjudicaciones de obras. Según se refleja en el sumario, el delegado de Fitonovo le hizo dos pagos, el primero por un importe de 5.058 euros el 30 de marzo de 2005 y el segundo por valor de 5.322,90 euros entre noviembre de 2005 y enero de 2006.

José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias y ya jubilado, aparece en el sumario del caso Enredadera como receptor de dádivas o comisiones pagadas por Adolfo de la Torre, en concreto un total de 57.024 euros entre los años 2003 y 2011.