El Tribunal Supremo cierra la investigación penal sobre los 16 viajes de ida y vuelta del presidente extremeño, José Antonio Monago, a Tenerife para ver, con cargo a las arcas públicas, a su novia de entonces a Tenerife, la mejicana Olga María Henao.

La Fiscalía del alto tribunal decretó ayer el archivo de las diligencias abiertas tras la querella presentada por el abogado pacense Felipe Manuel Martín Romero por un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los desplazamientos del mandatario en 2011 y 2012 durante su etapa de senador.

Sin embargo, la Fiscalía, a través de un decreto fechado el 18 de diciembre, ordena el archivo por entender que el Régimen Económico del Senado ampara "la libre circulación" de los senadores "sin que se exija ninguna comunicación, ni justificación, ni se vinculen los desplazamientos a la realización de la actividad parlamentaria u otra actividad de carácter oficial".

"Dichos desplazamientos de los senadores, dentro del territorio nacional serán cubiertos siempre con cargo a los presupuestos del Senado, sin distinción alguna respecto a si se trata de viajes públicos o privados", añade el ministerio público, en función del artículo 24.1 del reglamento en vigor del Senado.

Asimismo, la Fiscalía apunta que del informe remitido por la Secretaría General del Senado se desprende que "el control sobre tal actividad de desplazamien- tos de los senadores se limita a la simple detección de errores pu- ramente materiales en la factu- ración y a efectuar las corres- pondientes comprobaciones contables".

A juicio del letrado querellante, Felipe Martín, la Fiscalía archiva las diligencias "sin investigar ni cotejar" previamente si los viajes realizados por Monago "se encuadran todos ellos dentro del uso propio de los fondos públicos".

Martín apunta que la decisión del ministerio público "vacía de contenido la denuncia, pues se ha frenado en la entrada de la misma, sin llegar al fondo". Por ello, ayer mismo anunció que remitirá copia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por si en la actuación del Senado se habría cometido, o se estaría cometiendo, algún tipo de ilícito contable, "ya que se trata, guste o no, de cómo gastar, justificar y controlar los dineros públicos".

Asimismo, anunció que estudia interponer una querella criminal por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos contra José Antonio Monago.

Tras conocer la noticia, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recordó que su partido siempre ha defendido que la posibilidad de viajar a provincias distintas de la circunscripción electoral propia es una "obligación" para diputados y senadores porque representan al conjunto de España. No obstante recordó que tras el revuelo provocado por el affaire Monago -salió a la luz el pasado mes de noviembre- el control sobre los desplazamientos de los parlamentarios ha cambiado y tanto en e l Congreso como en el Senado se han adoptado medidas que exigen que los viajes a otros territorios tengan una justificación.

"No quiere decir que no la hubiera porque ya la tenían en el pasado, la han tenido siempre", señaló Hernando.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, insistió ayer en que "lo que hizo" el presidente extremeño "le invalidad para ser servidor público".

"La cuestión de fon-do era ética", y no remarcó Luena, para quien "lo que hizo" el extremeño "era absolutamente inmoral".